El Gobierno nacional confirmó que podría eliminar la prima de servicios de los congresistas, lo que implicaría una reducción de alrededor de $15 millones en sus salarios.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dieron a conocer la propuesta y la calificaron como un “acto de justicia” y equidad según sus declaraciones.
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En conversación con Caracol Radio, Angélica Lozano, senadora de la República, respaldó la iniciativa del Gobierno.
“Es una buena noticia: 16 proyectos de ley presentamos de distintos partidos para lograr bajar el salario de los congresistas, personalmente presente 7 desde el 2015, así que celebramos. Es mejor tarde que nunca. Esta es una decisión de justicia social, de cerrar la brecha. No tiene sentido que en una sociedad, los congresistas tengamos un salario tan distinto y tan alejado del ciudadano raso que está moliendo desde temprano”, expresó la senadora.
Lozano afirmó que eliminar la prima de servicios para los legisladores representa un avance hacia la reducción de las compensaciones que recibe el Congreso de la República
“Si en esto apoyo al presidente, es porque los congresistas tenemos un salario muy elevado”, indicó Angélica Lozano.
Por indicación de Lozano, la supresión de este beneficio responde a una demanda de larga data de distintos sectores que veían injusto que los congresistas percibieran ingresos muy superiores a los de la mayoría de los trabajadores nacionales.
Afirmó en Caracol Radio que esta modificación ya se había buscado en otras oportunidades sin resultado positivo en el Senado, representa un paso hacia una mayor igualdad entre la ciudadanía y sus legisladores.
“Al final lo votaron y no alcanzaron los votos, no tuvo el umbral requerido por ser Ley Orgánica. Entonces, el Senado lo aprobó y la Cámara lo hundió en ese momento, pero bueno, mejor tarde que nunca”, indicó la congresista.
La senadora detalló que desde hace varios años promueve proyectos enfocados en ajustar las remuneraciones de quienes ocupan cargos públicos, incluidas propuestas similares presentadas en el Congreso desde 2015. “Más vale tarde que nunca”, expresó.
Lozano señaló además que en anteriores ocasiones sus iniciativas para reducir los salarios enfrentaron trabas, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde no lograron el respaldo suficiente para avanzar en el proceso legislativo.
“Pues que si en los derechos adquiridos, entonces el Congreso actual termina el 19 de julio del próximo año, entonces esto aplica desde el 20 de julio, es decir, todas las personas que vamos a elecciones”, puntualizó Angélica Lozano a Caracol Radio.
En conversación con Noticias Caracol, Angélica Lozano, calificó la noticia como buena, asegurando que es un paso para buscar la equidad en Colombia.
“Celebramos esta noticia, porque la hemos luchado. Recogimos firmas y de ahí nació la consulta anticorrupción”, señaló Lozano en el citado medio.
Aseguró que el decreto permite llegar a la iniciativa que presentaron en el Congreso de la República.
Angélica Lozano detalló en Noticias Caracol que no existe ningún vicio con el decreto que presentará el Gobierno nacional, recordando el decreto de 2013, que permitía la prima de servicios a los congresistas.
La noticia generó reacciones variadas entre los integrantes del Congreso. Desde el bloque oficialista, varios parlamentarios expresaron su respaldo a la decisión.
Iván Cepeda, senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico, calificó la disposición como un acto fundamental de justicia social y como el inicio de una política de austeridad estatal, una línea que él mismo ha defendido. Señaló que ha llegado el momento de que los congresistas cumplan su rol de servidores públicos, dejando de lado cualquier interés personal.
Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde, también se pronunció a favor de la supresión del beneficio para los congresistas, considerando que el presidente tenía la facultad de tomar esta decisión desde el inicio y espera que la medida se concrete. Para Juvinao, este tipo de acciones no representa populismo, sino que responde a principios de justicia social y ética pública, por lo que instó al presidente Petro a cumplir con lo prometido.
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