La tarde del 23 de diciembre de 2025, la violencia irrumpió en el barrio Bosa Primavera de Bogotá, cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron a una bodega de reciclaje y, ante la mirada de la esposa y los hijos pequeños del trabajador, uno de ellos disparó a quemarropa, acabando con la vida de un joven de 25 años.
El ataque, registrado por cámaras de seguridad, dejó además a la esposa herida, hecho que la suegra de la víctima relató así: “No respetaron que había niños afuera, al lado de donde estaba el muchacho. Eso hubiera sido una tragedia mayor, porque más encima le dispararon a mi hija”.
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El crimen se produce tras un año marcado por amenazas, extorsiones y atentados contra la familia del reciclador. Los primeros episodios de presión datan de diciembre de 2024, cuando integrantes de la estructura criminal Los Satanás irrumpieron en la bodega.
La líder del reciclaje recordó: “Llegaron a mi bodega, me trajeron un panfleto, me enviaron un Whatsapp y me llamaron al mismo tiempo. Me exigían pagar 60.000.000 de pesos. Nunca pagué un centavo”. La negativa a ceder a las extorsiones derivó en nuevos actos de violencia, incluyendo, en mayo, un ataque armado en el que un reciclador resultó herido en el hombro.

Los familiares de la víctima señalan que las advertencias y denuncias sobre el riesgo inminente fueron reiteradas ante las autoridades.
“Desde que comenzó esta tragedia, porque eso es una tragedia para cualquier familia colombiana, yo llamé al Gaula, a la Fiscalía. Yo les dije: Un día de estos va a haber una tragedia, ¿y a mí quién me va a responder?”, manifestó la suegra del joven asesinado.
Pese al temor creciente y a la gravedad de las amenazas, los allegados aseguran que la respuesta institucional fue insuficiente. “El investigador me decía que él no podía hacer nada si la Fiscalía no daba autorización. Pasó la tragedia, y en todo este proceso el único que ha hecho algo por mí ha sido la estación de Tequendama, con el coronel Chauta. El Gaula y la Fiscalía no han hecho nada por mí”, afirmó la mujer.
La situación vivida por la familia refleja una problemática de mayor alcance en los sectores vulnerables de Bogotá, donde los recicladores y otros trabajadores informales se ven expuestos a dinámicas de violencia y extorsión por parte de bandas criminales.
El ataque del 23 de diciembre ocurrió a las 5:05 p. m. en plena luz del día y ante testigos, lo que pone en entredicho la capacidad estatal para garantizar la seguridad en zonas donde la presencia de estructuras delincuenciales es persistente. Tras el crimen, los agresores huyeron rápidamente, dejando a la comunidad consternada y a la familia sumida en el dolor y la indignación.
El caso ha generado una fuerte reacción en el sur de Bogotá, donde vecinos y otros recicladores se solidarizan con los familiares de la víctima y exigen respuestas claras de las autoridades.
El reclamo gira en torno a la necesidad de que los responsables sean identificados y procesados judicialmente, para impedir que la impunidad alimente nuevos ciclos de violencia. La ausencia de medidas preventivas efectivas, a pesar de las múltiples alertas presentadas, ha dejado a la familia en una situación de vulnerabilidad extrema.
La familia, ahora marcada por la tragedia y la sensación de abandono institucional, demanda justicia y protección. El homicidio del joven reciclador se convierte en un símbolo del riesgo que enfrentan quienes trabajan en contextos de precariedad y criminalidad, así como del desafío que implica para las instituciones responder de manera oportuna y eficaz ante las denuncias de amenazas y extorsiones.

La comunidad permanece atenta a la actuación de la justicia y al desenlace de una investigación que, hasta el momento, no ha brindado respuestas ni garantías de no repetición.
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