Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

En la noche del viernes 26 de diciembre, un presunto atentado terrorista sacudió el sector de Marroquín I, en el oriente de Cali, mientras en varios puntos de la ciudad se desarrollan actividades de la Feria de Cali.

Según la información preliminar, la detonación de una granada de fragmentación provocó pánico entre la comunidad del sector ubicado en la transversal 103 con 26p 19, que se prepara para recibir su Feria comunera como parte de las actividades programadas en la 68 versión del evento.

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Como consecuencia directa de la explosión, un taxista resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica, sin revestir gravedad. Además, dos civiles adultos y dos menores de edad resultaron con afectaciones leves producto de las esquirlas, según detalló la Policía Metropolitana de Cali.

“Lanzamiento de un artefacto explosivo información preliminar dos lesionados el conductor del taxi y otro hombre que estaba en el sitio no están graves (sic)”, señalaron las autoridades.

Unidades de la Policía y organismos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para adelantar labores de verificación y recolección de pruebas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del atentado y dar con los responsables del acto violento. Desde la Secretaría de Seguridad y justicia de Cali ofrecen una recompensa de hasta $200 millones por información que de con la captura de los presuntos respondables del hecho.

Las autoridades han reforzado los controles de seguridad en la zona y han solicitado a la ciudadanía mantener la calma y reportar cualquier situación sospechosa a la línea de emergencia 123.

Hace menos de 15 días se reportó atentado terrorista del ELN en Cali

Cali atraviesa un periodo de intimidación y tensión debido a la presencia y accionar de grupos armados ilegales.

En la madrugada del martes 16 de diciembre, dos explosiones impactaron el sur de la ciudad, en un contexto marcado por el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los ataques estuvieron dirigidos contra un Centro de Atención Inmediata de la Policía (CAI) y una patrulla ubicada en el barrio Mariano Ramos, a escasa distancia del coliseo María Isabel Urrutia, uno de los escenarios deportivos más importantes de la capital vallecaucana.

Durante el ataque, dos uniformados resultaron gravemente heridos y fallecieron posteriormente mientras prestaban servicio en la zona. Las víctimas fueron identificadas por la Policía como el subintendente Jorge Leandro Gómez Ochoa, oriundo de San Miguel (Santander), con 15 años de servicio, y Robert Stiven Melo Londoño, nacido en Pradera (Valle del Cauca), que llevaba 12 años en la institución. De acuerdo con testimonios de residentes, las detonaciones se produjeron entre las 3:55 y las 4:10 a. m.

Las autoridades atribuyeron rápidamente la autoría del atentado al ELN, apoyados en el análisis de los explosivos utilizados, la presencia de cámaras trampa en la escena y el modo de ejecución del ataque.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, señaló que “la intención de tratar de grabar el evento con cámaras propias es algo muy particular de este grupo y se está analizando si estas cámaras también estaban relacionadas directamente con la detonación”.

García expresó su preocupación por el incremento en el nivel de sofisticación de los atentados perpetrados por el ELN en comparación con los cometidos por otras disidencias en la ciudad, como la de Jaime Martínez.

El comandante de Policía de Cali, general Edwin Urrego, añadió que la hipótesis de responsabilidad fue corroborada por un comunicado emitido por el frente de guerra urbano del ELN, que se atribuyó el hecho horas después del ataque.

El funcionario también explicó que, aunque el ELN no ejerce control territorial en Cali, como ocurre en zonas rurales del país, opera a través de redes de apoyo y milicias urbanas que afectan la seguridad de los habitantes.

El secretario de Seguridad también expuso que la existencia de rentas criminales derivadas de actividades como la minería ilegal en zonas como Los Farallones permite a los grupos armados financiar atentados, reclutar menores y fortalecer su capacidad bélica y tecnológica, lo que representa una amenaza persistente para la ciudad y la región.