Paloma Valencia le respondió a la viceministra de ciencias por caso de las becas de Colfuturo: “Quedo insatisfecha”

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático y exsenadora, volvió a cuestionar públicamente la transformación de Colfuturo, el programa de apoyo a estudios de posgrado, mostrando su insatisfacción ante las respuestas ofrecidas por la viceministra de ciencias Luisa Robayo sobre la reforma del modelo.

El intercambio, difundido en la red social X (antes Twitter), giró en torno a los criterios de excelencia, equidad y a la validez de los diagnósticos que justifican el cambio de esquema.

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Valencia expuso su inconformidad de manera directa: “Gracias por responder a mis preguntas, viceministra Luisa Robayo. Sin embargo, quedo insatisfecha con sus respuestas”.

Insistió en la necesidad de un análisis rigurosamente fundamentado que acredite la decisión oficial de apartarse del antiguo modelo: “En su texto usted simplemente afirma, dando por hecho, que lo estatal es mejor. Pero realmente no responde a mi cuestionamiento: muéstreme un diagnóstico riguroso que indique que Colfuturo, por el hecho de ser el único operador y ser una ONG, no hacía bien su trabajo”.

Solicitó además que se hiciera público un plan de acción que demuestre, al menos teóricamente, que el nuevo diseño dará mejores resultados e hizo énfasis en la eficacia y transparencia del programa que está siendo desmantelado, al cual calificó como “absolutamente ejemplar”.

Desde la perspectiva institucional, la viceministra Luisa Robayo defendió la reforma argumentando que el antiguo esquema presentaba problemas de concentración y desigualdad:

“Lo que ‘no funcionaba bien’ era un modelo heredado de gobiernos anteriores en el que la totalidad de los recursos públicos para maestrías y doctorados se entregaban a un único operador privado. Ese esquema concentró cerca del 80% de los beneficiarios en pocos departamentos y alrededor del 60% en estratos 4, 5 y 6, reproduciendo desigualdades y excluyendo territorios históricamente marginados”.

Robayo remarcó que el nuevo planteamiento busca una distribución más equitativa: “Estamos implementando una transición responsable hacia un modelo con prevalencia de lo público, que garantice transparencia, equidad y acceso real a nivel nacional. El país recibirá un nuevo mecanismo con ICETEX, con convocatorias en competencia entre operadores y criterios claros de equidad regional, socioeconómica y étnica”.

Anticipó que para 2026 se abrirá una nueva convocatoria de doctorados, ampliando la participación y la cobertura regional.

Según la funcionaria, los beneficiarios accederán a programas de alto nivel en las mejores universidades del país y del exterior, pero bajo reglas que buscan garantizar que el talento no dependa “de la cuna, el código postal o el nivel de ingresos”.

Además, subrayó que la finalidad del cambio es “desmontar la tercerización concentrada en un solo operador privado y fortalecer la capacidad pública del Estado, ampliando oportunidades, corrigiendo inequidades y usando los recursos públicos con mayor responsabilidad”.

En su réplica, Paloma Valencia cuestionó el cambio de enfoque: “El punto central de su texto es que a través del nuevo diseño ustedes están modificando el objetivo del programa. Ahora el objetivo no será simplemente financiar posgrados teniendo como criterios únicos la excelencia académica de los postulantes y de las universidades que los admitan, sino, además, el punto será hacerlo con justicia social. Usted plantea que ahora harán las dos cosas”.

Valencia afirmó estar de acuerdo en la necesidad de ampliar el acceso educativo para los estratos 1 y 2, pero mostró desacuerdo con la vía escogida: “Estoy de acuerdo con que es fundamental revolucionar el acceso a la educación de calidad de los estratos 1 y 2, pero para ese objetivo es preferible diseñar nuevos instrumentos y fortalecer otros que ya existen. Mezclar múltiples objetivos en un solo programa lo puede volver menos transparente y mucho más difícil de operar. Parafraseando la teoría de políticas públicas: ‘Un instrumento para cada objetivo’”.

A continuación, evidenció su discrepancia sobre el concepto de “prevalencia de lo público”: “Usted habla de un nuevo modelo con ‘prevalencia de lo público’. Es erróneo equiparar ‘público’ con ‘estatal’ en esta discusión. A todas luces el viejo modelo, en el cual participaba una ONG transparente y eficiente como lo ha sido Colfuturo a lo largo de décadas, producía un ‘bien público’ para la financiación de los posgrados con criterio de excelencia académica. Estatizar muchísimas veces no conduce a que un bien se haga más público en el sentido de garantizar un acceso amplio”.

El intercambio finalizó con Valencia rechazando de manera enfática los señalamientos personales recibidos: “Es ofensivo y poco profesional de su parte decir que me duele ‘que la excelencia vaya de la mano con la justicia social’. Yo en ningún momento he juzgado moralmente sus intenciones o las de la ministra”.

La controversia sobre el futuro del programa de posgrados y el papel del Estado en la financiación de la excelencia académica permanece vigente. El debate trasciende el ámbito educativo, abriendo discusiones sobre los modelos de gestión en la administración pública y los criterios para el impulso de la justicia social en el país.