La Unión de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) emitió un comunicado para aclarar que Óscar Iván Muñoz Giraldo, quien ejerció como Encargado de Negocios a. i. en la Embajada de Colombia en Nicaragua, no forma parte de la carrera diplomática y consular.
La organización desautorizó toda interpretación que asocie una supuesta “provisionalidad” con el ingreso formal a la carrera diplomática, en contraste con lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Unidiplo subrayó que la figura de “provisionalidad en la carrera diplomática”, mencionada por el Ministerio, no existe jurídicamente y consideró inexacto el uso de dicho término.
“El señor Óscar Iván Muñoz Giraldo NO es funcionario de carrera diplomática y consular”, aclaró Unidiplo.
Además, recalcó que solo quienes han ingresado mediante mérito y concurso público pueden ser reconocidos formalmente como miembros de la carrera diplomática, invalidando la noción de que un nombramiento provisional implique dicha pertenencia.
La comunicación de Unidiplo también destacó la relevancia institucional del cargo de Encargado de Negocios a. i. en Nicaragua.
Según la Unión, este tipo de responsabilidades debería confiarse exclusivamente a funcionarios de carrera, preparados y con experiencia suficiente para salvaguardar los intereses de Colombia en el exterior.
Unidiplo abogó por la preservación de la claridad institucional y el respeto irrestricto por los principios que regulan la carrera diplomática en Colombia, afirmando que estos son garantía para el profesionalismo y la continuidad del servicio exterior.
La Cancillería de Colombia traslada a Óscar Iván Muñoz Giraldo para facilitar investigación disciplinaria
La Cancillería de Colombia dispuso el traslado del diplomático Óscar Iván Muñoz Giraldo desde la sede consular de Managua a otra misión, con el objetivo de impedir cualquier obstáculo en la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra.
El caso surgió tras la aparición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actualmente prófugo, en una celebración realizada en el salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío de la capital nicaragüense.
Este episodio, ampliamente difundido por medios locales y de impacto regional, ha repercutido en la institucionalidad del gobierno de Gustavo Petro y traspasó rápidamente el ámbito diplomático para involucrar a órganos judiciales y de control tanto en Colombia como en Nicaragua.
En el marco de las acciones tomadas, la canciller Rosa Villavicencio Mapy ofició a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, remitiendo copia del proceso y solicitando que investiguen a fondo los hechos documentados, como confirmó la propia cartera en su pronunciamiento, donde señaló: “Reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el estricto respeto por el debido proceso”.
De manera paralela, el ministerio subrayó que se mantendrá completamente disponible para colaborar con las autoridades competentes y garantizar que toda la información pertinente sea entregada, facilitando así una pesquisa eficiente y objetiva.
Según la misiva oficial, el traslado preventivo de Muñoz Giraldo apunta a “evitar posibles interferencias u obstrucciones en el proceso”, decisión que fue comunicada junto a las primeras determinaciones tras el incidente ocurrido el 11 de diciembre.
Todos los procedimientos administrativos han quedado bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que lidera actualmente la “recolección de pruebas y las actuaciones correspondientes” con el fin de esclarecer si existieron conductas irregulares por parte del funcionario o de otros eventuales involucrados en la organización de la fiesta vallenata.
La Cancillería explicó su alcance legal en estos episodios al precisar que “no es facultad discrecional de la canciller, toda vez que las actuaciones en estos eventos, como lo ordena la Constitución Nacional y la ley, son regladas”.
De acuerdo con la cartera, sólo tras la conclusión minuciosa del proceso disciplinario podría considerarse una suspensión, destitución o desvinculación, pues Muñoz Giraldo se desempeña como primer secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa y tiene derecho a todas las garantías previstas en la ley.
El escándalo cobró notoriedad al tomarse en cuenta no sólo la naturaleza del evento, una parranda vallenata supuestamente promovida desde la propia embajada, sino fundamentalmente la presencia de González, quien recibió asilo político del régimen de Daniel Ortega y enfrenta en Colombia cargos graves.
La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció el 27 de noviembre la radicación del escrito de acusación en su contra, atribuyéndole “delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos”.
Contra González permanece activa una circular roja de Interpol, lo que conlleva la posibilidad de que sea capturado si abandona territorio nicaragüense, dadas las alertas vigentes en más de 190 países.
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