El presidente Gustavo Petro y su equipo ministerial emitieron el Decreto 1390, fechado el 22 de diciembre de 2025, con el cual se establece el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia.
Esta medida, adoptada tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso, responde a un escenario que el Gobierno califica como crítico para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la protección de derechos esenciales de la población.
El documento, de veinte páginas, lleva la firma del jefe de Estado junto a la de todos los ministros.
La decisión de la administración pública del país generó diversas opiniones entre los actores políticos colombianos. Parlamentarios y líderes de distintos partidos expresaron posturas encontradas sobre la decisión del Gobierno, reflejando un clima de debate y tensión en el escenario nacional.
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Entre quienes se pronunciaron sobre la declaratoria de emergencia se encuentra el representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada. El congresista cuestionó la decisión del Gobierno y planteó la necesidad de priorizar el interés a largo plazo sobre intereses coyunturales.
“La política económica debe estar pensada para las siguientes generaciones, no para las siguientes elecciones”, afirmó Losada, quien además expresó su expectativa frente a una eventual intervención judicial: “Ojalá la Corte Constitucional detenga lo antes posible esta arbitrariedad”.
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, criticó la medida adoptada por el Gobierno y señaló que la verdadera emergencia que enfrenta el país es el avance de la corrupción. López cuestionó la decisión de imponer nuevos impuestos mediante decreto en plena temporada navideña y advirtió sobre un presunto abuso de poder con motivación política.
“La única emergencia sobreviviente y evidente es la corrupción disparada del gobierno. En vez de pararla le imponen por decreto más impuestos a los ciudadanos en navidad. Un abuso de poder total e inconstitucional que aprovecharán mientras se cae después de la vacancia judicial”, escribió en su cuenta de X la precandidata presidencial.
La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó la declaratoria de emergencia económica señalando que la medida surge en un contexto electoral y no como respuesta a una crisis real, sino a problemas de gestión gubernamental. Valencia criticó que el Gobierno busque imponer nuevos impuestos por decreto, sin discusión previa, y responsabilizó al Ejecutivo por la situación fiscal.
“El Gobierno decretó la emergencia económica en época electoral. No con base en una catástrofe, sino por derroche, improvisación y mal manejo de las finanzas públicas. Ahora quieren tapar su fracaso cobrándoles más impuestos a los colombianos por decreto, sin debate y sin vergüenza. Los colombianos no causaron esta crisis, pero otra vez pretenden que la paguen con su bolsillo”, escribió en X.
El representante Andrés Forero, del mismo partido que Valencia, sostuvo que la declaratoria de emergencia económica revela las intenciones del presidente Petro de buscar una constituyente, pues considera que las restricciones constitucionales y el equilibrio de poderes resultan incómodos para el mandatario. Forero sugirió que Petro aspira a un modelo institucional similar al venezolano.
“Con el ‘decretazo’ de emergencia económica entendemos por qué @petrogustavo quiere una constituyente: le estorba la Constitución, la limitación del poder ejecutivo y la división de poderes. Petro anhela una constitución como la de Maduro”, comentó Forero en su mensaje.
La senadora Angélica Lozano expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar la emergencia económica. Lozano consideró inviable y equivocada la medida, argumentando que ignora los mecanismos de control institucional y evade los principios democráticos.
“A pesar de todo el presidente se pasó por la raya y decretó la emergencia económica. Inviable y erróneo hacer eso. Se salta los pesos y contrapesos, evade el sistema democrático”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de X.
La declaratoria, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, le permitirá al Ejecutivo expedir decretos legislativos con fuerza de ley, principalmente en materia tributaria, con el fin de cerrar el faltante fiscal que dejó la no aprobación de la reforma tributaria, la cual buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
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