El 19 de diciembre de 2025, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió una acción de tutela presentada por Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, condenada por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci, ocurrido en Barú, Cartagena, en mayo de 2022.
Según informó Caracol Radio, la mujer pretende tumbar la condena en su contra, que fue establecida inicialmente en 39 años y 10 meses, pero que posteriormente fue rebajada a 35 años. Además, busca que vuelva a efectuarse el juicio en su contra.
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Por eso, la acción de tutela estuvo dirigida a todos los intervinientes del proceso penal:
- La Sala de Casación Penal de la corporación, liderada por el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito.
- El procurador segundo delegado para la Casación Penal.
- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
- El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena.
- El fiscal 1° delegado ante el Tribunal del Distrito.
- La fiscal 4° especializada de Cartagena.
- El fiscal 5° especializado adscrito a la Delegada para la Seguridad Territorial de Cartagena.
- El procurador 291 Judicial Penal II de Cartagena.
- El apoderado de víctimas Francisco Bernate Ochoa
- Los abogados defensores Yessica Troncoso Márquez, Luis Felipe Henríquez Castillo y Sergio Clavijo Rangel.
El abogado Sergio Clavijo, que representa los intereses de Chacón Zúñiga, informó sobre la aceptación de la acción de tutela de su defendida y dio a conocer algunas de las razones por las cuales se recurrió al mecanismo judicial.
“Se cuestionó la falta de descubrimiento de pruebas favorables, de ser cierto vienen investigaciones penales y disciplinarias”, señaló el abogado en su cuenta de X.
Aunado a ello, explicó que, dado que la mujer condenada presentó la tutela contra la Sala de Casación Penal, su estudio le corresponde a la Sala Civil, pero esta sale a vacancia judicial. “Mi respuesta y la de los demás vinculados solo podrán ingresar hasta el 12 de enero de 2026, ya que los correos son bloqueados y el fallo saldrá en 10 días hábiles desde el ingreso al Despacho. Para la Corte Suprema de Justicia la vacancia no son días hábiles”, detalló.
No es la primera vez que Chacón Zúñiga busca tumbar su condena por el homicidio del fiscal. En junio de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda que tenía ese mismo fin. La defensa de la mujer argumentó una presunta inflación de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, el magistrado Carlos Roberto Solórzano desestimó la demanda. “La condenaron por haber participado de otra manera en el homicidio (por haber hecho parte del subgrupo encargado de la ‘gerencia’ del plan criminal), lo que implicó un contacto directo con el ‘articulador’ y, por conducto de este, el control permanente de lo que hacían las otras personas involucradas en el homicidio”, indicó en la sentencia.
¿Cuál fue el papel de Margareth Chacón en el asesinato?
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer participó en la planeación del homicidio, perpetrado el 10 de mayo de 2022, cuando el funcionario disfrutaba de las playas de Barú en Colombia. Las pruebas recolectadas por el ente acusador indican que la hoy condenada estuvo presente en cuatro reuniones, llevadas a cabo entre el 5 y 8 de mayo de 2022, en las que se estableció la logística y el financiamiento del asesinato del fiscal paraguayo. Tres encuentros tuvieron lugar en Cartagena y uno en Medellín.
“Se acreditó que el traslado a Cartagena lo hizo en una camioneta de su propiedad, junto a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes aceptaron hacer parte del entramado criminal y fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión”, detalló el ente investigador.
Así las cosas, una juez de conocimiento de Cartagena la declaró responsable de los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y la condenó a más de 39 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Cartagena rebajó su condena a 35 años tras absolverla de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
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