El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advirtió que cualquier intento de cerrar o reformar este tribunal tendría consecuencias directas sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
En entrevista con la revista Cambio, Ramelli sostuvo que la eliminación de la JEP significaría un retroceso en la búsqueda de justicia y reparación para cerca de 10 millones de personas afectadas por décadas de violencia, además de poner en riesgo los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de justicia transicional.
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“Con la propuesta de cerrar la JEP, las grandes damnificadas serían las víctimas de Colombia. A eso le están apostando: ¿a frustrar una demanda de justicia de 10 millones de personas?”, señaló el magistrado al diario nacional.
El magistrado aseguró que la labor de la JEP no solo responde a una demanda interna de justicia, sino que está bajo la observación y el respaldo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI).
Ramelli relató que, tras una reciente visita a Europa, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU reiteró su disposición para asumir el monitoreo de las sanciones restaurativas impuestas por la JEP, una función que la Misión de Verificación de la ONU ya no podrá ejercer.
“Tuvimos varias reuniones, entre ellas, por invitación de la embajada de Colombia en Ginebra, acudimos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quien nos reiteró su voluntad de asumir el monitoreo”, explicó el magistrado a Cambio.
Además, el Consejo de Seguridad de la ONU, en una decisión del 31 de octubre, retiró a la Misión de Verificación la competencia para monitorear las sentencias, pero facultó al secretario general para buscar alternativas.
“Con base en esa autorización, hemos sostenido reuniones con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bogotá, con el Alto Comisionado de Ginebra y con el sistema de Naciones Unidas y todos nos manifestaron que podían asumir esa competencia que también está prevista en el Acuerdo de Paz”, detalla Ramelli.
Proyectos restaurativos y sentencias emblemáticas
En cuanto a los avances en los casos más emblemáticos del conflicto, el presidente de la JEP destacó la estructuración de proyectos restaurativos en medio de las sentencias del caso 01 (secuestro) y el caso 03-Costa Caribe (falsos positivos).
“La sentencia del caso 01 fue apelada. Hay que esperar que la Sección de Apelación decida. Sin embargo, no nos hemos quedado quietos. La sentencia habla de cuatro líneas restaurativas y tres proyectos: el del corredor Sumapaz-Chingaza que es el ambiental, el tema de memoria y la priorización del cementerio de Palmira (para la búsqueda de desaparecidos)”, señaló.
Ramelli explicó que la JEP optó por emitir sentencias con el mayor grado de estructuración posible de los proyectos restaurativos, sin esperar a que estuvieran completamente financiados, para evitar los errores del pasado.
“Se acordó buscar que la sentencia saliera con el mayor grado de estructuración posible de los proyectos, ya que no podíamos esperar. Esos son los proyectos que están en las sentencias del caso 01 y en el 03-Costa Caribe”, precisó.
Sobre las críticas a la JEP
Frente a las críticas, incluso de figuras como el expresidente Juan Manuel Santos, Ramelli respondió que, aunque son válidas, se quedan cortas teniendo en cuenta el nivel de investigación y profundización que, según el magistrado, han tenido las sentencias.
“Son críticas muy respetables, pero no las comparto. Las críticas serían válidas si hubiéramos emitido la sentencia sin ningún soporte. Eso no pasó. Antes de dictarlas llevábamos meses trabajando en mesas técnicas con el gobierno y otras entidades para ir estructurando los proyectos. Eso es responsable”, señaló Ramelli al medio nacional.
El magistrado defendió el enfoque garantista y centrado en las víctimas que ha adoptado la JEP. “Me parece que nosotros estamos siendo mucho más garantistas y províctimas que incluso lo que pensaron en el acuerdo de paz”, sostuvo.
Reacciones de las víctimas y la sociedad
Sobre la recepción de las sentencias, Ramelli reconoce la diversidad de opiniones entre las víctimas.
“Respeto completamente la postura de algunas víctimas, nosotros somos empáticos y entendemos que a una persona que estuvo 10 años privada de su libertad en un monte ninguna sentencia le va a servir, nada le va a restablecer los daños que le causaron”, afirmó.
Sin embargo, destacó que no todas las víctimas se oponen a las decisiones de la JEP y que muchas han encontrado en el tribunal un espacio para confrontar a sus victimarios.
El magistrado también observa una cierta “anestesia social” frente a los hallazgos de la JEP. “Creo que, efectivamente, un conflicto tan largo ha llevado a una cierta anestesia social, como que ya nada nos conmueve. Estamos perdiendo la capacidad de conmovernos ante el horror y eso es preocupante”, reflexiona.
Amenazas de cierre y consecuencias jurídicas
Ante las propuestas de cierre o reforma de la JEP por parte de sectores políticos como el Centro Democrático y líderes como Álvaro Uribe, Ramelli evitó responder directamente a partidos o personas, pero advirtió sobre las implicaciones de tales discursos.
“Hemos venido develando muchísimas verdades que quizás no quieren ser escuchadas, que le incomodan a más de uno y toda acción genera reacción. A veces, cuando suben tanto la voz, creyendo que así se va a escuchar más, es porque algo bueno debemos estar haciendo, que a alguien estamos incomodando”, afirmó.
El magistrado resaltó que la JEP cuenta con un blindaje constitucional y que su cierre abriría la puerta a la intervención de la CPI. “Primero, hay que decir que tiene un blindaje en la Constitución. Pero igualmente está la CPI, si acaban la JEP, esa corte podrá intervenir en Colombia. Si eso es lo que quieren, pues deben decirlo claramente”, advierte.
Ramelli insistió en que modificar o eliminar la JEP equivaldría a fomentar la impunidad. “Si acaban la JEP, o la modifican en su esencia, eso sí será impunidad: no habría sentencias, no habría condenados, no habría seguridad jurídica para un grupo armado que se desarmó. Y, ¿cómo van a hacer futuros procesos de paz? Piensen en las consecuencias”, recalcó en diálogo con Cambio.
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