La reciente remoción de una vendedora ambulante en la esquina de la calle 82 con carrera 13, una de las zonas más transitadas de Bogotá, ha generado un intenso debate sobre el uso del espacio público y la situación de los trabajadores informales en la ciudad.
La medida, ejecutada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, se dio en un contexto de intensificación de los operativos de recuperación del espacio público en la capital.
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En declaraciones a los medios, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la mujer retirada acababa de llegar al lugar y no llevaba más de un día en la esquina.
“Lo que hace la alcaldía de Chapinero, que está previamente ahí, es decirle: ‘En esta zona, que es una zona recuperada, por favor, no se haga’ y la mueven o le piden moverse a un lugar distinto”, afirmó en una corta entrevista de Blu Radio.
Quintero aseguró que la vendedora es hija de un comerciante de la zona y que accedió a moverse de manera voluntaria. “Hoy estamos en comunicación con ella. Le vamos a — como con todos los vendedores informales, siempre que hacemos organización — ofrecer alternativas de carácter económico para que ella pueda seguir con su proyecto de vida”, señaló.
El secretario enfatizó que las acciones del Distrito se guían por el respeto y la dignidad de las personas. “Partimos de dos principios: el respeto por la persona y también el respeto por la dignidad. Por eso hemos venido hablando con la señora. La señora no es una persona mayor, como algunas personas lo dijeron, y ya está en comunicación precisamente con el Ipes”, explicó.
Según Quintero, la intención de la administración es organizar el espacio público de manera responsable, evitando riesgos y garantizando que los ciudadanos puedan disfrutar de la ciudad.
“Queremos organizar el espacio público en la ciudad. Definitivamente hay un desorden y tenemos dos puntos de análisis. Uno, que se generen riesgos por aglomeración o porque hay un hidrante en el espacio público, podamos acceder a él para solventar una situación más compleja en caso de incendio o algo así. Y lo segundo, recuperar esos espacios de la ciudad en donde queremos que la ciudadanía pueda disfrutar”, aseguró.
La actuación del Distrito ocurre en medio de críticas de algunos sectores políticos y ciudadanos, que cuestionan la selectividad de los operativos.
El senador Inti Asprilla calificó la situación como “indignante y dolorosa” y señaló que la aplicación de la ley parece desigual: “En la foto que se publica se ve cómo se retira a una vendedora informal, mientras al mismo tiempo aparece una camioneta de alta gama mal parqueada, a la que no se le hace ningún procedimiento, y eso genera una sensación muy fuerte de injusticia”, declaró en la entrevista con W Radio.
Asprilla también indicó que se comunicó con la vendedora, Geraldine, quien le expresó el impacto personal de la medida: “Ella nos dice que esta situación es sumamente dolorosa, porque depende de esa venta para su sustento y para poder darle la Navidad a sus dos hijas”.
La historia de Geraldine se ha viralizado en redes sociales, donde algunos usuarios critican que se prive de su sustento a quienes buscan ingresos diarios, mientras otros respaldan la estrategia de la alcaldía para ordenar los andenes de la ciudad.
La concejal Cristina Calderón, del Nuevo Liberalismo, respaldó la medida y defendió la recuperación del espacio público, argumentando que la ocupación de las calles afecta la movilidad de los ciudadanos.
“El tema del espacio público, del uso y el abuso del espacio público tiene que ver con que están violando los derechos de los bogotanos a la movilidad, porque hay zonas como San Victorino, donde ni siquiera se puede caminar si hay una emergencia: no puede pasar una ambulancia, no puede pasar un carro de bomberos, y esto Bogotá no se lo puede permitir”, dijo.
Calderón también cuestionó la percepción de vulnerabilidad de los vendedores informales, citando datos de un censo realizado en la carrera Séptima. Según el registro, el 51% de los 1.142 vendedores informales censados no son considerados vulnerables, y en el caso de hacedores de oficio y artistas que ocupan el espacio público, los porcentajes de no vulnerabilidad alcanzan el 67% y 66%, respectivamente.
Además, algunos de estos trabajadores reportan ventas promedio superiores a $2.500.000.000, lo que, según la concejal, no justifica la ocupación del espacio público sin pagar impuestos.
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