Fitch Ratings bajó la calificación de inversión en Colombia y Gustavo Petro culpó al Congreso: “Desalmados”

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas críticas contra las Comisiones Económicas del Congreso de la República, luego de que se archivara la ley de financiamiento que buscaba un recaudo de $16,3 billones para cubrir el déficit en el Presupuesto General de la Nación para el año 2026.

En su cuenta de X, el mandatario nacional indicó que la caída de su propuesta en el legislativo influyó en la decisión de la agencia Fitch Ratings, que rebajó la calificación de crédito soberano de Colombia de BB+ a BB.

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Según la firma internacional, advierten que la falta de un ancla fiscal creíble y la persistencia de elevados déficits fiscales comprometen las perspectivas de consolidación fiscal, incluso después de las elecciones de Congreso y de Presidencia que se desarrollarán en 2026.

Para Petro, la baja calificación de Fitch Ratings recae en los congresistas independientes y de oposición que negaron la ley de financiamiento o reforma tributaria, agregando que él había advertido esta situación en días pasados.

“Hay que decir siempre la verdad, se baja la calificación de la inversión en el país porque el Congreso hundió la ley de financiamiento, tal como lo advertí”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

De igual manera, Petro aseguró que el hundimiento de la iniciativa económica implica consecuencias serias para el país. “Nos costará más la deuda a todos los colombianos y colombianas por una irresponsabilidad desmedida de los senadores de la oposición en la comisión tercera”, expresó.

Por último, calificó a los senadores de las Comisiones Económicas como ‘desalmados’ aseverando que serían posibles responsables de un posible deterioro en el panorama económico del país.

“Por no ponerle impuestos a los megarricos le encarecen la deuda a toda Colombia. Son simplemente desalmados”, concluyó.

Las quejas de Petro contra el Congreso

El 9 de diciembre de 2025, fecha en la que fue archivada la ley de financiamiento, el presidente Gustavo Petro atribuyó la negativa legislativa al “odio político”, señalando que la medida priorizó intereses particulares sobre el bienestar nacional y agregando que las consecuencias de esta decisión se observarían de inmediato.

“El hundimiento de la ley financiera como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

Desde la perspectiva del Gobierno, la reforma pretendía captar parte de las utilidades de los sectores más adinerados para destinarlas a la atención de las necesidades sociales. Petro lamentó que, en su opinión, el “egoísmo social” haya prevalecido en el Congreso, y advirtió que la decisión afectará principalmente a los sectores más vulnerables.

En sus palabras: “Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”.

La advertencia de Petro no es nueva. En noviembre de 2025, el mandatario ya había anticipado que el archivo de la ley de financiamiento podría derivar en una emergencia nacional.

“Salvamos al país económicamente de la maledicencia de quienes sabotearon la ley de financiación solo para no ponerle impuestos a los megarricos. Si lo vuelven a hacer nos acercaremos a una emergencia”, indicó Petro en ese momento.

Del mismo modo, el presidente sostuvo que las acciones del legislativo terminarán perjudicando a las comunidades negras e indígenas, al evitar que los “megarricos” contribuyan con aportes nacionales.

El debate sobre la reforma tributaria evidencia la profunda división entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como entre el Gobierno y la oposición, en torno a la estrategia fiscal que debe adoptar Colombia para enfrentar su déficit presupuestario y las demandas sociales.

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