Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia soberana de Colombia a BB, con perspectiva estable, debido a los persistentes desequilibrios fiscales y al aumento de la deuda pública.
Esta decisión ubica al país en una categoría especulativa, lo que implica un mayor riesgo de incumplimiento crediticio y puede influir en la percepción internacional sobre la economía colombiana y su acceso a financiamiento.
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De hecho, según el portal especializado capital.com, la nueva calificación pone al país en una crítica posición frente a los inversores, pues ahora podrán solicitar mayores garantías e intereses más altos para compensar el riesgo que implica depositar su confianza en los bonos colombianos y préstamos internacionales.
Asimismo, la nueva calificación limitará las opciones para el país a la hora de buscar financiamiento en el mercado internacional. Según indicó el portal, el Gobierno nacional podrá acudir a un limitado número de inversores que han relajado sus condiciones para otorgar créditos, con costos más altos de retribución.
Daniel Velandia, director de investigaciones de Credicorp Capital, consideró que la rebaja de Fitch era una medida anticipada por los mercados. Según Velandia, la agencia resalta los desafíos que los economistas han señalado, especialmente el impacto negativo de la suspensión de la regla fiscal y la falta de acuerdos políticos entre el Gobierno y el Congreso para aprobar reformas tributarias que permitan un ajuste ordenado.
“Con esto son dos las calificadoras que ahora tienen a Colombia en BB, es una calificación promedio para el país que se aleja cada vez más de países comparables como Perú o Chile en la región, y cada vez más se compara con un país como Brasil, que históricamente ha tenido muchos desafíos fiscales”, dijo Velandia en diálogo con la revista Cambio.
Por qué Colombia perdió puntos en la nueva calificación de Fitch Rating
En marzo, la agencia había mantenido la nota en BB+, pero modificó la perspectiva de estable a negativa, anticipando la posibilidad de una rebaja en futuras evaluaciones. En su informe más reciente, Fitch explicó que los déficits fiscales amplios y sostenidos del Gobierno impulsarán un incremento en la deuda como proporción del producto interno bruto (PIB), alejando al país de los márgenes que presentan otras economías similares.
La firma señaló que la falta de un ancla fiscal creíble, la rigidez en el gasto público y las dificultades políticas para implementar reformas tributarias limitarán la capacidad de consolidación fiscal, incluso después de las elecciones de 2026.
Aunque Fitch reconoció el historial de Colombia en la preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera, respaldado en parte por la independencia del banco central, advirtió que los altos déficits, el crecimiento de la deuda, la elevada carga de intereses y la dependencia de materias primas restringen la calificación del país.
En cuanto a las proyecciones, Fitch estima que el déficit fiscal de Colombia alcanzará el 6,5% del PIB en 2025, una cifra inferior al 7,1% previsto por el Gobierno en su Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero aún elevada.
La agencia también destacó la reciente caída de la reforma tributaria en el Congreso, lo que dejó un vacío de financiamiento de 16 billones de pesos que el Ejecutivo esperaba cubrir con dicha reforma.
Para 2025, Fitch prevé un deterioro adicional de las finanzas públicas, con un déficit fiscal que podría llegar al 7,5% del PIB, superando la meta oficial de 6,2%. Según la agencia, este escenario responde a la normalización de la carga de intereses y a la incapacidad de las autoridades actuales y futuras para realizar los ajustes de gasto necesarios.
La calificadora advirtió sobre riesgos fiscales a la baja, que podrían afectar incluso sus pronósticos revisados, debido al bajo rendimiento de los ingresos y a la reticencia de la administración del presidente Gustavo Petro a modificar sus prioridades de gasto.
Fitch también recordó la decisión del Gobierno de invocar la cláusula de escape a la regla fiscal en junio, proponiendo un ajuste para los próximos tres años y argumentando que cumplir con el objetivo de la regla fiscal exigiría un ajuste incompatible con la estabilidad macroeconómica.
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