Abogado del Clan del Golfo se refirió a la decisión de Estados Unidos de definirlo como grupo terrorista internacional: “Era previsible”

La inclusión del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en la Lista Clinton por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sigue generando reacciones en el país.

El turno fue para Ricardo Giraldo, representante jurídico del grupo armado que, en diálogo con Infobae Colombia, aseveró que es una determinación que era previsto por parte de la organización alzada en armas, y recordó que esto había sido exigido por el presidente Gustavo Petro.

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“La determinación del gobierno de los Estados Unidos de designar al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como grupo terrorista internacional era, en muchos sentidos, un hecho previsible. Este escenario se entiende mejor al recordar que, en ocasiones previas, incluso el presidente Petro había solicitado que dicho grupo fuera designado como organización terrorista. Por lo tanto, resulta incoherente mostrarse sorprendido ante esta medida, especialmente considerando que distintos sectores políticos colombianos de izquierda, derecha y centro- venían exigiendo su inclusión”, indicó el jurista a este medio de comunicación.

Así mismo, Giraldo cuestionó la postura de los sectores políticos ante la decisión del gobierno estadounidense. “Para la izquierda, la decisión podría estar motivada por el hecho de que las autodenominadas disidencias de las Farc y el ELN ya habían sido designados como tales, mientras que el EGC no. Por su parte, los sectores de derecha y centro aprovecharon esta coyuntura como parte de la narrativa electoral, especialmente ante la proximidad de nuevas elecciones”, añadió.

El abogado sostuvo que la inclusión del grupo en la lista debe entenderse como parte de las estrategias internacionales para enfrentar a las organizaciones ilegales.

“La inclusión del EGC en la lista no puede considerarse sorpresiva, sobre todo si se analiza el contexto del nuevo orden geopolítico regional y el enfoque contemporáneo sobre la lucha contra la macrocriminalidad”, indicó Ricardo Giraldo a Infobae Colombia.

Una decisión política que jurídica

Desde el punto de vista jurídico, el jurista expuso que existe una postura dogmática diferenciada sobre la definición del terrorismo como delito, y advirtió que la decisión trasciende el ámbito legal y adquiere una dimensión política.

“La discusión sobre el terrorismo rebasa el plano jurídico y se traslada al terreno político, donde sus consecuencias adquieren una dimensión claramente diversa”, expuso Giraldo a este medio de comunicación.

Giraldo también destacó que, a nivel internacional, los grupos catalogados como terroristas suelen intentar integrarse en los sistemas políticos y advierten sobre las consecuencias de no atender sus demandas. No obstante, subrayó que el EGC presenta particularidades que lo diferencian de otras organizaciones.

“El EGC no dirige sus ataques hacia infraestructuras privadas o estatales, ni persigue un cambio en el modelo político o económico nacional; según ellos, su lucha se centra en las comunidades históricamente desatendidas por el estado. No utilizan bombas, ni incendian autobuses, ni emplean las tácticas tradicionales de guerra propias de las autodenominadas guerrillas. Por eso sostengo que su inclusión excede el debate meramente dogmático y se vincula con los intereses geopolíticos de gobiernos extranjeros”, explicó.

Futuro en los diálogos de paz

Por último, aseveró que la medida de Estados Unidos no tiene cierta implicación frente a la mesa de diálogos que se está realizando en Doha (Catar) entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo, pero enfatizó en que la decisión de mantener o suspender las conversaciones recae en manos del presidente Gustavo Petro.

“Tanto el gobierno nacional como los países mediadores cuentan con una amplia experiencia en la gestión de negociaciones con grupos armados que han sido catalogados como terroristas (...) la continuidad de las negociaciones recae en la decisión del gobierno de Gustavo Petro. Será el Ejecutivo colombiano quien determine si el proceso de negociación sigue adelante, teniendo en cuenta el contexto internacional y el respaldo de los países mediadores”, puntualizó.

Según lo establecido por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, la inclusión del Clan del Golfo en la Lista Clinton responde a su participación activa en el narcotráfico internacional y en actividades violentas en Colombia.

Además, la entidad norteamericana señala a esta organización por el tráfico de cocaína a gran escala, así como por utilizar los recursos de esas actividades ilícitas para financiar acciones armadas y expandir su presencia en la región. Igualmente, la medida responde a la peligrosidad y al alcance global del grupo, que opera en al menos 28 países de cuatro continentes.