
Por primera vez en la historia de Colombia, el debate sobre el aumento del salario mínimo para 2026 se trasladó a una audiencia pública celebrada en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. La jornada reunió a representantes del Gobierno, sindicatos, economistas y expertos, lo que marcó un hito en el proceso de concertación anual entre trabajadores y empleadores al abrir el diálogo a la sociedad y visibilizar las posturas de los principales actores involucrados.
La discusión se produce en medio de cambios económicos relevantes y con la expectativa de alcanzar un acuerdo el 15 de diciembre, primera fecha límite legal, aunque el proceso podría extenderse hasta el 30 de diciembre si no se logra consenso.
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El desarrollo de la audiencia pública representa una novedad en el proceso de definición de la nueva remuneración. La iniciativa surgió del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en conjunto con las centrales obreras CTC, CUT y CGT, con el objetivo de enriquecer el debate y aportar argumentos técnicos y sociales a la mesa de concertación.

La misma permitió escuchar voces diversas. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la política salarial del Gobierno de Gustavo Petro como una herramienta clave para combatir la pobreza. El funcionario resaltó que el Gobierno de Gustavo Petro incrementó nominalmente en un 37,6% el salario mínimo.
“Recibimos un salario de un $1.000.000, ahora está en $1.423.500; una inflación del 14%, que ahora tenemos una del 5,2%, un desempleo por encima del 12%, ahora es del 8,2%; una informalidad del 58%, ahora es del 55%”, indicó. De paso, rechazó la idea de que mejorar la remuneración de los trabajadores deteriore los indicadores macroeconómicos y llamó a tomar decisiones con responsabilidad, considerando los posibles impactos del incremento.
Asimismo, dijo que “la política salarial es la política pública más eficaz y es la política pública estructural más aconsejable para reducir la pobreza”.

Salario mínimo vital y móvil
El concepto de salario mínimo vital y móvil, respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cobró protagonismo en la discusión de este año. El jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Diego Garzón, explicó a El Espectador que la OIT presentó un informe detallando los costos básicos para una vida digna. Según el experto, “se estableció que, como mínimo un adulto debe consumir 2.856 calorías al día, lo que en pesos se traduce en un gasto mensual de $394.819. Para un hogar de cuatro personas, esta cifra llega a los $1.288.654”.
De igual forma, el análisis incluyó otros gastos esenciales:
- Vivienda digna: $143.099 por persona.
- Servicios públicos: $124.588.
- Salud, educación y otros rubros: $154.606 por persona.
En total, el salario mínimo vital y móvil para un hogar de cuatro integrantes se calcula en $2.982.960. Garzón precisó que, considerando que la OIT estima 1,5 asalariados por familia, el salario neto vital sería de $1.988.640, mientras que el salario vital bruto, sumando aportes a seguridad social, asciende a $2.147.731. Las cifras evidencian que el salario mínimo actual, de $1.423.500, se encuentra por debajo de lo recomendado para cubrir la canasta familiar.
Las centrales obreras, representadas por el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, plantearon una propuesta de aumento del 16% para el salario mínimo de 2026. El dirigente recordó que el artículo 53 de la Constitución Nacional consagra el derecho a un salario mínimo, vital y móvil, y lamentó que, pese a avances en la movilidad, el componente vital aún no hay un alcance pleno.
“No hay posibilidades de, incluso, movilizar a los trabajadores frente a una demanda tan importante como es el tema del salario mínimo. Entonces, vienen los cuestionamientos a la Comisión de Políticas Salariales respecto de los aciertos o desaciertos que tienen que ver, en buena parte, con que infortunadamente son más los años en que no hemos podido acordar el salario mínimo que los años en que ha sido posible el acuerdo”, expresó.
Desindexación de arriendos y servicios públicos
El dirigente sindical resaltó la importancia de desindexar (desligar) ciertos rubros del salario mínimo, como arrendamientos, servicios públicos y combustibles, para proteger el poder adquisitivo y contrarrestar el impacto de la inflación. Además, insistió en que la propuesta del 16% busca cerrar la brecha entre el salario real y el salario vital recomendado por organismos internacionales.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, Elizabeth Oviedo, habló con Rtvc y valoró la inclusión de la voz de las mujeres y del sector deportivo en el debate, destacando la importancia de la vigilancia y el control en los clubes para garantizar condiciones laborales dignas.
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