Reforma de educación superior, a un paso de aprobarse en la Cámara: busca aumentar recursos y cerrar brechas

La reforma de la Ley 30 de 1992, que busca transformar la financiación de la educación superior pública en Colombia, se encuentra a un paso de ser aprobada en la Cámara de Representantes. El ajuste, de alcanzar sanción presidencial, modificará el modelo de recursos para universidades públicas y abrirá la posibilidad de ampliar cobertura, calidad e inclusión a escala nacional.

La propuesta establece un horizonte de quince años para que el país destine el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación superior pública, una meta que aproxima a Colombia al promedio de aportes de la OCDE, donde actualmente la media se ubica en 1,4%. Hoy, la inversión nacional ronda el 0,54% del PIB, lo que mantiene al país alejado de los estándares de países desarrollados.

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El articulado ya recibió respaldo en la comisión VI y plenaria del Senado y, recientemente, pasó con aprobación de la comisión VI de la Cámara. Solo resta la votación en la plenaria de esa corporación para su conversión en ley y la posterior sanción presidencial.

Cambios en el cálculo y distribución de recursos

El proyecto reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, referentes a los aportes de la Nación a las universidades públicas y la fórmula para calcular los giros presupuestales. En la actualidad, el valor asignado se actualiza únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que ha resultado insuficiente para cubrir los costos y demandas reales de las instituciones.

De aprobarse, la actualización del presupuesto se hará a partir de los costos reales de cada universidad estatal, utilizando como referencia el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), construido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El IPC solo se aplicará cuando el ajuste del ICES sea inferior al índice general de los consumidores.

Otro de los cambios destacados es la inclusión de instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales estatales como beneficiarias directas del presupuesto nacional. Según datos oficiales, solo 18 de las 33 entidades de este tipo acceden a transferencias recurrentes del gobierno, situación que la reforma pretende corregir.

Más presupuesto para ampliar cobertura y reducir desigualdades

El texto fija que, en el primer año de aplicación, se asigne a esas instituciones un monto adicional equivalente al 0,05% del PIB como base presupuestal. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de nuevas sedes, divisiones o lugares de desarrollo, y disponer de recursos adicionales para funcionamiento e inversión en las instituciones de educación superior públicas.

Los destinos de los nuevos recursos estarán enfocados en incrementar progresivamente el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes de pregrado de universidades estatales, además de reducir brechas territoriales y sociales. Los fondos cubrirán también bienestar institucional, ampliación y fortalecimiento de las plantas docentes y administrativas, atención al sistema salarial vigente y proyectos de infraestructura y calidad educativa.

La propuesta ordena que el gobierno adopte mecanismos que garanticen la eficiencia y la transparencia en la utilización de estos recursos, siempre sujetos a la disponibilidad presupuestal del Estado.

El aumento reciente del presupuesto y los desafíos del sector

Antes de la aplicación de la reforma, los recursos para el sector ya han experimentado un aumento considerable. Hace tres años el presupuesto era de 5,5 billones de pesos destinados a funcionamiento e inversión de las instituciones públicas de educación superior. Para 2025, se prevé que la cifra suba a cerca de 12 billones de pesos, incluyendo 1,2 billones de gratuidad. Para 2026, el presupuesto proyectado para el sector público universitario superará los 13 billones de pesos, sin recaudar nuevos impuestos.

Con la implementación de la reforma, se espera que en 2027 el sistema reciba cerca de un billón de pesos adicionales destinados a ampliar la capacidad en cobertura, calidad, regionalización e investigación. Entre los años 2000 y 2023, la matrícula en instituciones públicas creció un 176 %, mientras que las transferencias de la Nación sólo aumentaron un 62% en términos reales, lo que evidencia la brecha financiera existente.

En la actualidad, la tasa nacional de cobertura en educación superior se encuentra en el 55,38 %, cifra que dista del promedio del 80 % registrado en países de la OCDE. Además, la oferta educativa oficial sigue concentrándose en grandes regiones como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander, lo que limita el acceso a otras zonas del país.

Según autoridades del sector, la reforma tiene por meta consolidar la educación superior como un derecho accesible, eficaz y pertinente, a través de un proceso de discusión y acuerdos con los distintos actores educativos y sociales. La decisión final quedará en manos de la plenaria de la Cámara de Representantes.