
La renuncia de Mónica Higuera a la dirección de la Unidad de Regulación Financiera (URF) desencadenó una crisis institucional en el sector financiero colombiano, en medio de una ola de despidos y fuertes presiones del Gobierno nacional para que los fondos de pensiones repatríen inversiones del exterior. La situación, que involucra a actores clave como el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda ,Germán Ávila, y gremios del sector, generó advertencias sobre los riesgos que la medida podría acarrear para el ahorro de los trabajadores y la estabilidad del sistema financiero.
La salida de Higuera, ocurrida en la primera semana de diciembre de 2025, marcó un punto de inflexión en la URF, una de las entidades más pequeñas pero estratégicas del Ejecutivo colombiano.
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Según Bloomberg, la renuncia se produjo tras desacuerdos con el Gobierno sobre la dirección de la política regulatoria, en particular la propuesta de restringir las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a activos locales. La experta, que fue la primera persona designada por el presidente para liderar la URF y lo acompañó durante su campaña presidencial, expresó en su carta de renuncia que no podía continuar en el cargo debido a decisiones que no compartía.
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El decreto 1316, expedido el 5 de diciembre de 2025, oficializó su salida y anunció la llegada de Diana Larisa Caruso como nueva directora. Portafolio detalló que la renuncia de Higuera estuvo acompañada por la solicitud de dimisión de cerca de 30 funcionarios, lo que representa más de la mitad de la planta de la URF, compuesta por 57 personas.
Pero el trasfondo de la crisis institucional radica en la iniciativa del Gobierno de exigir a los fondos privados de pensiones la repatriación de inversiones hechas en el exterior. Desde agosto de 2025, el jefe de Estado manifestó la intención de que los recursos de los trabajadores colombianos generen inversión y empleo en el país. “Le voy a exigir a los fondos privados que se llevaron el ahorro –que no es de ellos, es del pueblo trabajador a Colombia–, porque es aquí donde tiene que producir inversión y puestos de trabajo”, declaró.
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Cuánto administran los fondos privados
Y es que, precisamente, los fondos privados de pensiones administran activos por 140.000 millones de dólares, de los que, cerca de USD33.000 millones están invertidos fuera de Colombia. La propuesta del Gobierno, que busca formalizarse mediante un decreto, fue anunciada por Higuera antes de renunciar, aunque el proyecto normativo aún no se publicó. Portafolio informó que la Superintendencia Financiera sugirió un plazo de cinco años para la repatriación, pero el Gobierno presionó para que el proceso se completara en solo seis meses, una exigencia que los técnicos del Ministerio de Hacienda consideraron inviable debido a la complejidad y el largo plazo de los activos involucrados.

Al respecto, se conoció que la urgencia del Ministerio de Hacienda responde a la necesidad de aumentar la capacidad de las AFP y otras entidades para adquirir deuda pública interna (TES), dentro de la estrategia de la Dirección de Crédito Público. La misma, liderada por Javier Cuéllar, implicó la colocación de TES de corto plazo y la monetización de cerca de USD6.000 millones, lo que generó inquietudes entre analistas e inversionistas sobre el refinanciamiento de la deuda en 2026.
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La propuesta de limitar las inversiones de los fondos de pensiones suscitó un rechazo generalizado entre gremios y centros de pensamiento. Expertos advirtieron a Valora Analitik sobre los riesgos de mercado y liquidez derivados de la liquidación abrupta de inversiones internacionales y la pérdida de diversificación.
Impacto a las futuras mesadas
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) expresó su preocupación por el impacto negativo que la medida tendría en las futuras mesadas de los afiliados, al argumentar que la diversificación internacional permitió a Colombia alcanzar la tasa de rentabilidad real más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en los últimos 20 años, con un 9,8% anual.
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Según el gremio, los rendimientos acumulados para los afiliados superan los $370 billones, equivalentes al 71% del ahorro gestionado. La asociación que preside Andrés Velasco advirtió que la repatriación de inversiones podría provocar una apreciación del peso y un aumento en los precios de los activos locales, en un mercado que carece de la profundidad y liquidez necesarias para absorber flujos de capital de tal magnitud sin afectar los precios.
Frente a esto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) respaldó estas advertencias y calculó que, si el ahorro pensional se hubiera invertido de forma exclusiva en activos locales, el valor actual sería un 31% menor, lo que representa una pérdida estimada de $145,4 billones, equivalente al recaudo de diez reformas tributarias promedio. Así las cosas, Anif y Asofondos coincidieron en que la medida pondría en riesgo los rendimientos de los ahorradores y la sostenibilidad del sistema pensional.
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Respaldo a Mónica Higuera
Mientras que la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), en un comunicado, agradeció la labor de Higuera al frente de la URF y resaltó su contribución a la evolución y modernización del marco regulatorio del sistema financiero. La asociación que preside Jonathan Malagón destacó la apertura de la funcionaria al diálogo con el sector y el liderazgo en iniciativas clave, como el desarrollo de las finanzas abiertas y la gestión de riesgos en los establecimientos de crédito.
Resaltó que la estabilidad, la competitividad y la inclusión financiera fueron ejes centrales de su gestión, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. Además, reconoció la gestión de Higuera, al destacar el aporte que hizo a la modernización del sistema financiero y la disposición para trabajar de manera articulada con el sector.
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