Invías invirtió $3,5 billones en Caminos Comunitarios de la Paz Total, pero auditoría revela retrasos y hallazgos fiscales

El ambicioso programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, impulsado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) como una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para reducir la desigualdad territorial, enfrenta serios cuestionamientos tras una auditoría de la Contraloría General de la República.

Aunque el Invías reportó inversiones por $3,5 billones de pesos en infraestructura vial, conectividad regional y atención de emergencias durante el último año, el balance oficial muestra un rezago considerable en la ejecución de los proyectos y la aparición de irregularidades fiscales por más de $1.500 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el informe de la Contraloría, al cierre de 2024, de los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, solo se habían construido 117,2 kilómetros, lo que representa apenas el 0,36% de la meta inicial.

Además, de los 1.035 convenios solidarios suscritos en 2023 con las Juntas de Acción Comunal (JAC), 141 no estaban terminados y siete fueron liquidados sin ejecución, comprometiendo más de $29.000 millones, de los cuales no se ejecutó el 14,2%, según Caracol Radio.

La auditoría también evidenció que la mayoría de las obras finalizadas, que originalmente debían completarse en tres meses, requirieron un promedio de diez meses, un incremento del 345% en los plazos. Según la Contraloría, esto refleja graves deficiencias de planificación y supervisión.

“La entidad se apartó del seguimiento directo a la gestión de las JAC una vez desembolsados los recursos, delegando la responsabilidad en las interventorías, que en muchos casos tomaron decisiones contractuales sin la debida revisión o aprobación”, advierte el informe.

El director general (e) de Invías, Jhon Jairo González, defendió la dimensión social y cultural del programa, asegurando que “cada vía y cada proyecto fortalece los procesos comunitarios, culturales y económicos, especialmente en territorios históricamente excluidos”.

Desde la entidad también resaltaron que el programa benefició a 319.730 personas en 260 municipios, generando más de 12.800 empleos mediante obras como placa huella.

En el balance anual, Invías destacó la aprobación del Conpes 4161, que asigna $15 billones para la ejecución de 22 proyectos de Vías para la Paz, con intervención en 1.550 kilómetros de carreteras en quince departamentos.

La red vial nacional también recibió inversiones estratégicas por más de $2,5 billones en proyectos como la Variante de Ciénaga (Magdalena–Atlántico), el túnel Daza en Nariño, el corredor Retorno–Calamar en Guaviare y la vía del Paletará en Cauca.

En infraestructura fluvial, se destinaron más de $67.800 millones, beneficiando a cerca de 189.000 habitantes en Chocó, Antioquia, Caquetá, Casanare, Guaviare y Córdoba.

No obstante, la Contraloría identificó 48 hallazgos fiscales por $1.513 millones en la ejecución de 192 convenios interadministrativos con JAC de siete departamentos. Entre las irregularidades están la compra de material en exceso no utilizado, fallas en la calidad final de las obras y pagos sin la debida justificación contable y fiscal.

Por ejemplo, en la placa huella de la vereda Hoyerías, en Cabrera (Cundinamarca), se detectaron daños estructurales que comprometen la vida útil de la obra, generando un daño fiscal de $14,1 millones. También se reportó un detrimento patrimonial de $18,4 millones por la adquisición de materiales no incorporados y productos que no cumplían las especificaciones técnicas, según el medio Ecos del Cobeima.

La auditoría señala además que los convenios solidarios se suscribieron sin estudios técnicos completos, trasladando la responsabilidad de definir el alcance de las obras a las interventorías y a las JAC, muchas de las cuales carecían de capacitación técnica y organizacional. Esto derivó en reducciones del alcance de los proyectos sin revisión ni aprobación de Invías, y en algunos casos, sin supervisión rigurosa de las interventorías.

En 2024, de los 1.125 convenios solidarios firmados, 883 estaban suspendidos por falta de presupuesto, cinco terminaron sin ejecución y solo 237 seguían vigentes, de los cuales 209 no presentaban ningún avance. Solo 28 convenios, equivalentes a poco más de $5.000 millones (2,49%), mostraban algún progreso real. Las obras finalizadas presentaron deficiencias constructivas y ausencia de controles de calidad, ya que no se realizaron todos los ensayos exigidos por la normativa técnica.

Para facilitar la contratación directa con las comunidades, el presidente Petro creó mediante decreto el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), pero en octubre de 2024 la Corte Constitucional declaró inexequible la norma por extralimitación de competencias, obligando a retomar el proceso licitatorio tradicional.