Fiscal general aseguró que la Uiaf se extralimitó con viaje para interrogar a ‘Papá Pitufo’ en Europa: “No es una dependencia de inteligencia”

Aunque el caso de Diego Marín, alias Papá Pitufo, dejó de ganar popularidad en los días recientes, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, volvió a relucir el tema en medio de fuertes tensiones con el presidente Gustavo Petro tras declaraciones que insinuarían una intromisión del Ejecutivo sobre la Rama Judicial.

Camargo denunció en entrevista con W Radio que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) se extralimitó en sus funciones al enviar a su exfuncionario Isaac Beltrán a reunirse en Portugal con Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”.

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Camargo fue enfática al afirmar que la Uiaf no tiene competencia para realizar este tipo de gestiones y calificó la actuación como un “abuso de función” y una “usurpación de funciones” que corresponden exclusivamente a la Fiscalía General.

“La Uiaf no tiene esas competencias, la Uiaf no es una dependencia de inteligencia financiera, esas labores de verificación no las hace la Uiaf”, sostuvo Camargo durante la conversación con W Radio.

La fiscal recalcó que ni ella ni la Fiscalía tuvieron conocimiento previo ni posterior de la visita de Beltrán a Marín, ni de los temas tratados en ese encuentro, en medio de las investigaciones por la presunta infiltración del contrabandista en la campaña de Gustavo Petro.

“Es tremendamente extraño que un funcionario de allí vaya a hacer un contacto de esa naturaleza, nosotros no lo conocimos ni en su momento ni posteriormente fuimos informados, jamás, de que ese contacto se hubiese realizado, ni de qué resultado, ni de qué se había hablado ni absolutamente nada”, puntualizó.

Camargo insistió en que la acción de la Uiaf constituye una clara extralimitación: “Es un abuso de función, están usurpando funciones que no son de la Uiaf”.

Según la fiscal, cualquier gestión para una negociación judicial con Marín debía ser emprendida únicamente por la Fiscalía General de la Nación y no por el Gobierno nacional a través de sus emisarios.

“Todas las gestiones para una negociación las tiene que emprender la Fiscalía General de la Nación y particularmente en el caso de Diego Marín. Esas negociaciones que fue la línea roja que nosotros marcamos, no se podrían hacer estando él remiso, es decir, estando él huyendo, primero en España, luego en Portugal. Si él estaba de verdad con la intención de tener un acercamiento con la Fiscalía, él debía venir a Colombia a enfrentar los cargos en su contra”, señaló la fiscal al medio radial.

Con relación al proceso judicial contra Diego Marín, la fiscal explicó que la extradición del señalado “zar del contrabando” se encuentra suspendida debido a una solicitud de asilo presentada por Marín en Portugal.

“Tenemos la orden de extradición autorizada por Portugal, pero infortunadamente la solicitud de asilo que él tramitó previamente detuvo esa orden y aún no hay resultados de pronunciamiento oficial de esa petición”, detalló Camargo en La W Radio.

A pesar de este obstáculo, la Fiscalía ha continuado fortaleciendo la investigación en su contra, especialmente en el componente de contrabando y lavado de activos. “El tiempo que ha pasado no es un tiempo perdido, es un tiempo ganado en términos de lo que en verdad se mencionaba respecto de la red que se dice él manejaba”, subrayó.

Sobre las implicaciones políticas y la supuesta orden presidencial para el viaje de Beltrán, la fiscal fue clara al señalar que la Fiscalía no fue informada ni autorizó ninguna gestión de la Uiaf en este sentido.

“No, nosotros no teníamos conocimiento de esa visita con semejantes fines. La Uiaf no tiene esas competencias. Es tremendamente extraño que un funcionario de allí vaya a hacer un contacto de esa naturaleza”, insistió Camargo.

La fiscal recalcó que la usurpación de funciones por parte de la Uiaf no solo carece de sustento legal, sino que vulnera la separación de competencias entre entidades estatales.

En cuanto a la posibilidad de una negociación judicial con Marín, Camargo reconoció que la Fiscalía evalúa mecanismos como el principio de oportunidad, pero advirtió que la ley impide acuerdos con líderes de organizaciones criminales.

“Nosotros hemos insistido en la necesidad de dinamizar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de justicia premial. Si alguien nos puede entregar información que nos permita detectar redes financieras, cooptación de Estado, involucramiento de funcionarios del Estado, por supuesto que sí”, afirmó.

Sin embargo, precisó que “no se pueden hacer negociaciones con quien dirige una organización criminal, quien es el director del concierto, naturalmente, porque quien lo dirige no tiene a quién señalar sino hacia abajo. Entonces, pues eso no lo permite la ley ni tendría por qué permitirlo”, advirtió.