Tres presuntas víctimas renuncian al juicio contra Jorge Alfredo Vargas: qué sigue en el proceso por supuesto acoso sexual

El proceso penal contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas, imputado por el delito de presunto acoso sexual, enfrenta una reconfiguración tras la decisión de tres de las cuatro periodistas denunciantes de no continuar en el juicio y rechazar la representación de la Defensoría del Pueblo.

Esta novedad, comunicada durante la más reciente audiencia de imputación, fue confirmada tanto por la Fiscalía General de la Nación como por los propios abogados y especialistas convocados por Focus Noticias.

El escrito que cambió el curso del proceso

Durante la audiencia judicial, la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández, informó que la Fiscalía recibió un oficio firmado por las tres denunciantes. En ese documento, solicitaron que sus identidades se mantuvieran en reserva durante todas las actuaciones judiciales y manifestaron su decisión voluntaria de no aceptar representación legal por parte de la Defensoría del Pueblo.

Este paso se produjo después de que la Fiscalía gestionara la designación de una defensora pública para garantizar los derechos de las denunciantes en el proceso penal. Sin embargo, las firmantes dejaron constancia de que tampoco desean participar en las próximas instancias judiciales, ni en la etapa de juicio.

“Las víctimas, en número de tres, solicitan que se reserve la identidad de sus nombres en cualquier diligencia judicial y renuncian a la representación que pudiese ejercer la Defensoría Pública”, expresó la fiscal Hernández.

Audiencia sin víctimas ni representación

La jornada de imputación avanzó sin la presencia de las denunciantes ni de representantes legales. Según relató Focus Noticias, la abogada Ana Bejarano, designada por la cuarta periodista denunciante, estuvo presente brevemente al inicio, pero se apartó tras una decisión de la jueza. La magistrada determinó que, si la defensa de la víctima quería intervenir formalmente, debía presentar poder legal, lo que hubiera implicado revelar la identidad de la denunciante, contraviniendo la voluntad expresada en el escrito entregado a la Fiscalía.

Como resultado, la audiencia se desarrolló solo con la exposición de los cargos por parte del ente acusador, sin la participación directa de las presuntas víctimas ni de quienes podían representarlas, mientras se mantenía la reserva de identidad solicitada por las partes.

Un proceso que sigue adelante pese al retiro de tres denunciantes

Aunque la decisión de tres periodistas de marginarse del proceso deja a una sola denunciante con interés en el caso, la Fiscalía debe continuar la investigación. El proceso penal por acoso sexual no es querellable, lo que significa que la Fiscalía tiene la obligación constitucional de agotar la etapa investigativa y, si corresponde, presentar un escrito de acusación.

Así lo explicó el profesor Johnnie Giraldo al medio ya mencionado: “La Fiscalía debe cumplir con una obligación constitucional (…) y es continuar adelante con la investigación. Sí o sí debe hacerlo, porque hasta ahora solamente alcanzó el primer estándar de prueba, conocido como inferencia razonable”.

La postura de Giraldo fue respaldada por la abogada penalista Liliana González, quien subrayó que el retiro de las denunciantes no implica el cierre automático del expediente, pero sí genera dificultades para la acusación: “Si tres de las cuatro víctimas alegadas no van a estar en el proceso, no van a comparecer y no van a rendir el testimonio, será muy complejo para el ente acusador poder desvirtuar la presunción de inocencia frente a esas tres personas en particular”.

Dilemas jurídicos: preclusión, testimonio y reserva

El retiro de la mayoría de las denunciantes abre varios escenarios jurídicos. Una opción es la solicitud de preclusión parcial respecto a las denuncias de quienes han anunciado que no participarán en el juicio. Tal posibilidad fue planteada tanto por Giraldo como por González en la entrevista con el medio mencionado, a partir del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, aunque ambos aclararon que la decisión final depende de la evaluación que haga la Fiscalía conforme avance el caso.

Otra alternativa discutida durante la transmisión fue la eventual utilización del testimonio adjunto, es decir, recurrir a las declaraciones previas de las denunciantes ante la Fiscalía. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, señaló: “Yo creo que la Fiscalía como institución tiene que irse hasta el final”, pero advirtió que la figura del testimonio adjunto solo podría emplearse bajo supuestos muy específicos, como la retractación o el cambio de versión por parte de la víctima.

Por su parte, González enfatizó que “el juez puede eventualmente pedirle a la Policía que haga el acompañamiento de un testigo, incluida la víctima, llevarlas al juicio, pero no puede obligarlas a que digan una cosa o la otra”. Esto significa que aunque las víctimas sean llamadas a juicio, ninguna tiene la obligación de declarar si así lo decide.

La única víctima activa y las implicaciones para la Fiscalía

En la actualidad, solo una de las denunciantes mantiene su interés en el proceso, aunque su participación también enfrenta obstáculos relacionados con la reserva de identidad y la presentación de poder legal. La abogada Bejarano, quien representa a esta denunciante, no formalizó su intervención en la última audiencia, lo que deja abierta la incógnita sobre cómo se desarrollará la representación legal en las próximas etapas.

La Fiscalía deberá valorar si insiste en la comparecencia de las víctimas o si solicita la ruptura de la unidad procesal para continuar únicamente con la investigación relacionada con la denunciante que permanece vinculada al proceso. En cualquier escenario, el caso continúa en etapa preliminar y la acusación contra Jorge Alfredo Vargas se mantiene vigente hasta que la Fiscalía adopte nuevas determinaciones.

Debate sobre el alcance mediático y legal del caso

El caso ha trascendido el ámbito judicial y se ha debatido ampliamente en medios y redes sociales. Durante el análisis en Focus Noticias, la abogada González recordó que la Corte Constitucional ha reconocido el derecho al escrache en redes sociales por parte de presuntas víctimas, aunque esto no sustituye las garantías y exigencias del proceso penal. La diferencia entre la exposición pública y la actuación judicial quedó patente con la decisión de las denunciantes de no acudir al juicio pese a haber hecho públicas sus acusaciones.

Escenarios futuros y cierre procesal

Por el momento, la Fiscalía debe seguir adelante con la investigación y analizar las pruebas recabadas. Si la única denunciante que sigue activa también decide retirarse o no comparecer, la causa podría quedar, en la práctica, sin elementos probatorios directos, lo que haría inviable una eventual condena contra Jorge Alfredo Vargas.

Hasta ahora, la única decisión firme y oficial es la renuncia voluntaria de tres periodistas a actuar como parte en el proceso y a recibir representación de la Defensoría del Pueblo. Las eventuales consecuencias procesales, como la preclusión o el uso de pruebas testimoniales previas, dependen de la evolución de las actuaciones judiciales y de las resoluciones que adopte la Fiscalía en las próximas etapas.