La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó la toma de posesión e intervención forzosa administrativa por un año de la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado (E.S.E.), tras constatar reiteradas deficiencias que ponen en peligro la seguridad de los pacientes y comprometen la adecuada prestación de los servicios hospitalarios en Ibagué, Tolima.
Esta decisión se produce luego de diversas auditorías, seguimientos y visitas efectuadas durante 2023, 2024 y 2025, ciclos que revelaron un deterioro institucional progresivo, según informó la Supersalud.
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Según la información oficial confirmada por la Supersalud, la intervención responde a “graves deficiencias asistenciales, administrativas, jurídicas y financieras”, cuyos efectos afectan la continuidad, accesibilidad y oportunidad de la atención en salud. A pesar de los requerimientos previos y los planes de mejora aprobados por el ente de control, las autoridades de la unidad no lograron corregir las vulneraciones a las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Las auditorías practicadas durante los últimos tres años evidenciaron fallas acumuladas en áreas especialmente sensibles como urgencias, consulta externa, farmacia, atención maternoinfantil y manejo de pacientes con desnutrición. La Supersalud señaló que “la operación institucional mostró un deterioro progresivo que obstruyó el acceso seguro a los servicios”, una preocupación reiterada en cada ciclo de visitas técnicas y que motivó la contundente acción regulatoria.
En palabras del ente regulador, “la medida se adopta luego de verificarse reiteradas vulneraciones a las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, fallas que no fueron subsanadas pese a los requerimientos, auditorías ordenados y planes de mejoramiento aprobados por esta Superintendencia”.
Este enunciado fue recogido en el comunicado difundido el 9 de diciembre, donde se señala que la intervención busca restablecer la calidad, seguridad y gobernanza al interior de la E.S.E.
Como parte de la intervención administrativa, la Supersalud dispuso la remoción inmediata de la gerente y de la totalidad de la Junta Directiva de la E.S.E. En su reemplazo, fue nombrada Edilma Isabel Hurtado Cardona como agente especial interventora, quien asume el cargo de representante legal y administradora desde el momento de la toma de posesión.
Según el informe de Supersalud, Hurtado Cardona tendrá la responsabilidad de presentar en un plazo máximo de 30 días un plan de acción integral dirigido a superar las múltiples fallas detectadas.
Entre los requerimientos principales que deberá abordar la nueva interventora figuran restablecer la calidad y seguridad en áreas críticas, como urgencias y atención maternoinfantil, fortalecer los procedimientos de esterilización y control de inventarios y garantizar la presencia de talento humano suficiente, así como el pago oportuno de salarios y prestaciones al personal de la Unidad de Salud de Ibagué.
Asimismo, Hurtado Cardona deberá regularizar la información en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), eliminar barreras de acceso a los usuarios y ejecutar el mantenimiento hospitalario obligatorio, aspectos que buscan asegurar una infraestructura digna y segura.
La interventora contará con la obligación adicional de recuperar la estabilidad financiera de la E.S.E., mediante la depuración contable, la mejora en los métodos de facturación y un mayor control sobre el gasto institucional. Dentro del mandato, también se incluye la necesidad de restablecer la gobernanza, implementar criterios de transparencia y cumplir las normas aplicables a las entidades de salud pública del país.
La Supersalud anunció que durante todo el proceso de intervención realizará un monitoreo estricto al cumplimiento del plan de acción y de las órdenes impartidas. Todo esto, “con el fin de restablecer la estabilidad institucional y garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de la población de Ibagué y su área de influencia.”, subrayó la Superintendencia en el comunicado divulgado.
Finalmente, la Supersalud reiteró su compromiso con la vigilancia y el control del sistema de salud nacional, enfocado en la protección de los usuarios y la defensa de los recursos públicos.
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