El Ministerio de Trabajo mantiene abierta la investigación sobre presuntas malas prácticas laborales en un Fruver vinculado al congresista David Racero, luego de que el caso fuera inicialmente archivado por falta de pruebas.
Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en una entrevista con W Radio, donde detalló el estado actual del proceso y las acciones tomadas desde su llegada a la cartera.
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“Nosotros ordenamos de nuevo una inspección en la Dirección Territorial de Bogotá al sitio, al famoso Surtifruver, que según las informaciones que todos conocemos, era de propiedad del representante David Racero”, explicó Sanguino en diálogos con el medio mencionado.
El ministro precisó que, aunque el establecimiento señalado ya no existe, la investigación sigue en curso. “Ese Surtifruver efectivamente no existe, pero nosotros hemos continuado con la investigación que está abierta para determinar si ocurrieron actuaciones que, corroboren la violación de las normas laborales en esas circunstancias particulares”, añadió.
El caso cobró notoriedad tras conocerse que la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo había archivado la investigación sobre supuestos hechos de contratación irregular en el establecimiento, argumentando la imposibilidad de identificar a los protagonistas y la falta de detalles sobre el local.
El proceso se cerró inicialmente porque “no se lograron identificar los protagonistas y tampoco los detalles del establecimiento”.
Al respecto, Sanguino aclaró que la decisión de archivar la investigación se tomó antes de su llegada al Ministerio. “Cuando yo llegué, esa investigación había sido archivada”, señaló el ministro en la entrevista.
Ante esta situación, ordenó una nueva inspección y dispuso la reapertura del caso, con el objetivo de esclarecer si existieron violaciones a la normativa laboral.
El ministro subrayó que, pese a la inexistencia actual del Fruver señalado, la investigación no se ha detenido. “Nosotros hemos continuado con la investigación que está abierta para, eh, determinar, eh, si ocurrieron actuaciones que, eh, corroboren la violación de las normas laborales en esas circunstancias particulares”, reiteró Sanguino.
Sobre los próximos pasos, el titular de la cartera laboral manifestó su expectativa de que la investigación arroje resultados en un plazo breve. Sanguino expresó: “Esa investigación sigue abierta y por supuesto que producirá resultados, yo espero que en el corto tiempo”.
El Consejo de Estado estudia solicitud de muerte política contra David Racero
En una audiencia celebrada el 3 de diciembre de 2025 en el Consejo de Estado, se solicitó la “muerte política” del representante a la Cámara David Racero por presuntamente asignar tareas ajenas a la labor legislativa a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), específicamente relacionadas con la atención de un fruver, un negocio familiar ubicado en el barrio Villa Luz de Bogotá D.C.
El Ministerio Público se opuso a la solicitud de pérdida de investidura, argumentando que no se demostró de manera concluyente la existencia de una indebida destinación de dineros públicos.
El delegado de la Procuraduría General de la Nación señaló que, aunque existen pruebas de que al menos un funcionario de la UTL realizó tareas en el fruver por petición de Racero, esto no implica necesariamente una desviación de recursos estatales.
Los demandantes sostuvieron que la sanción de pérdida de investidura está plenamente acreditada y es indispensable para preservar la integridad ética del Congreso de la República, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana en el orden constitucional. Uno de ellos afirmó:
“La sanción de pérdida de investidura no solo se encuentra plenamente acreditada, sino que resulta indispensable”.
El Consejo de Estado admitió la demanda tras considerar que, según su jurisprudencia, un congresista puede incurrir indirectamente en indebida destinación de fondos públicos si encarga a sus funcionarios actividades ajenas a sus funciones legislativas.
El caso se suma a una indagación previa abierta el 30 de septiembre de 2024 por la Procuraduría General de la Nación contra Racero, quien también es investigado por presuntamente solicitar dinero a sus subalternos, incluyendo a una asesora a la que habría pedido parte de sus ingresos.
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