El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la acción popular interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), que busca proteger los derechos colectivos a la seguridad, la paz, la moralidad administrativa y el uso del espacio y bienes públicos de los habitantes del departamento.
La demanda documenta el incremento de actividades de grupos armados ilegales en Jamundí, Buenaventura, Cali, Florida, Pradera, Cartago y otras localidades, así como la afectación de derechos de la población civil por extorsiones, atentados, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y control territorial.
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Según la fundación, estos hechos constituyen una vulneración sistemática de los derechos colectivos y evidencian una omisión del Estado frente a su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La acción popular se fundamenta en la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, en especial del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, frente al fortalecimiento de los grupos armados.
Crecimiento de los grupos armados y omisión estatal
FEDe. Colombia explicó que los grupos ilegales se han consolidado debido a medidas como la suspensión de órdenes de captura y los ceses al fuego bilaterales, así como la limitada operación de la fuerza pública en los territorios afectados. La fundación señaló que estas acciones, lejos de generar paz, habrían permitido la expansión de estas estructuras en más de 700 municipios del país, según denuncias recientes de autoridades locales.
En la demanda, la fundación solicita la adopción de medidas ofensivas y sostenidas para recuperar el control territorial, cesar las omisiones estatales, reforzar el pie de fuerza, la inteligencia y la presencia institucional en las zonas críticas. Además, se pide establecer metas, indicadores y responsables verificables para garantizar la seguridad en el territorio y diseñar un plan especial de protección para comunidades indígenas, líderes sociales, población víctima del conflicto y población civil en general.
Andrés Caro, director de FEDe. Colombia, señaló que “La seguridad no es un favor del Estado, es una obligación constitucional; las familias del Valle merecen vivir sin miedo”, destacando la importancia de la admisión de la acción popular como un avance en la protección de los derechos colectivos.
La demanda también referencia declaraciones de autoridades locales durante el foro regional organizado por el diario El País en Buga. Allí, Guillermo Londoño Ricaurte, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, advirtió que la expansión de los grupos armados es más profunda de lo imaginado.
Por todo lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió formalmente la demanda presentada por FEDe. Colombia y notificó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, fijando un plazo de diez días para que los sujetos procesales contesten la demanda, soliciten pruebas o presenten excepciones, de acuerdo con los artículos 21, 22 y 23 de la Ley 472 de 1998.
FEDe. Colombia invitó a la ciudadanía a participar activamente en la defensa de los derechos colectivos vulnerados, poniendo a disposición la acción popular para que las personas afectadas por la inseguridad en el Valle del Cauca puedan hacer valer sus derechos.
Medidas solicitadas
Entre las medidas solicitadas en la demanda se encuentran:
- Ejecutar actividades militares ofensivas y operaciones especiales de la Policía en defensa de los derechos colectivos.
- Cesar las omisiones que ponen en riesgo los derechos a la paz, seguridad pública y moralidad administrativa.
- Dictar órdenes para la salvaguarda de los derechos colectivos y proteger el goce del espacio público y los bienes públicos del departamento.
- Implementar metas, indicadores y responsables que permitan contrarrestar acciones hostiles de manera inmediata.
FEDe. Colombia subraya que la admisión de esta acción popular representa un paso significativo para garantizar que las autoridades cumplan con su obligación constitucional de proteger la seguridad y la paz de la población vallecaucana, frente al aumento de la violencia y el control territorial de grupos armados ilegales.
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