La inscripción de listas a la Cámara de Representantes en el departamento del Cesar puso en evidencia una nueva fractura en el progresismo local, al tiempo que reaviva el debate sobre la estrategia política del sector. Juliana Guerrero, una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro y con trayectoria en la administración nacional, participó en el acto de inscripción del Frente Amplio del Cesar y no en el evento del Pacto Histórico en Valledupar.
Este movimiento adquiere relevancia en un contexto donde parte de los liderazgos alternativos del departamento quedaron excluidos de la lista oficialista del partido de gobierno, lo que generó tensiones y cuestionamientos sobre la unidad del progresismo en la región.
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El Frente Amplio del Cesar se presenta como una coalición independiente integrada por Luis Fernando Quintero, Omar Benjumea, Lina de Armas y, en espera de confirmación, Arturo Calderón. Esta lista surge como respuesta de sectores de centro y centroizquierda que, según El Pilón, se sintieron marginados tras el incumplimiento de los compromisos del Pacto Histórico para conformar una lista unitaria. El objetivo de esta nueva apuesta es disputar una curul a la influyente alianza Gnecco–Cuello, consolidándose como el espacio donde convergen los liderazgos alternativos que no encontraron cabida en la propuesta oficialista.
La figura de Juliana Guerrero adquiere especial relevancia en este escenario. Su trayectoria incluye haber sido delegada presidencial en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar y ocupar cargos de confianza en el Ministerio del Interior, donde llegó a desempeñarse como coordinadora de gabinete. En ese contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, la defendió públicamente, lo que evidencia su cercanía con la Casa de Nariño. No obstante, su ascenso en el Gobierno y las controversias en torno a su hoja de vida y título profesional la mantuvieron bajo permanente escrutinio nacional.
La decisión de Guerrero de respaldar públicamente el Frente Amplio del Cesar y no a la lista cerrada del Pacto Histórico fue interpretada en los círculos políticos como un mensaje directo a la dirigencia local de la colectividad, liderada por Alexandra Pineda. Esta última optó por mantener una lista cerrada propia, en lugar de sumarse a la apuesta unitaria que inicialmente se promovió para concentrar el voto alternativo.
La situación deja en evidencia la dificultad del progresismo para articular una estrategia común en el Cesar, mientras la disputa por el liderazgo y la representación en la Cámara de Representantes se intensifica.
La polémica en torno a los estudios de Juliana Guerrero
La controversia en torno a Juliana Guerrero, la joven oriunda de Cesar, que estuvo a punto de asumir como viceministra de Juventud, se originó luego de que descubrieran que falsificó documentos sobre sus estudios universitarios.
Las críticas en su contra se intensificaron tras revelarse que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) le concedió un crédito por $11.084.000 para estudios superiores, una suma que ya habría sido saldada. Aunque la entidad no divulgó los detalles del préstamo, esta falta de transparencia suscitó interrogantes sobre los criterios y la documentación que respaldaron la aprobación del crédito educativo.
El caso adquirió mayor notoriedad después de que el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José decidiera, el 7 de noviembre de 2025, anular de manera unánime los títulos otorgados a Guerrero en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, tras una revisión de su historial académico.
En el ámbito judicial, la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá inició una indagación preliminar contra Guerrero y contra directivos y exdirectivos de la Fundación San José por presuntos delitos de falsedad documental y fraude procesal. Por su parte, la Procuraduría recopila pruebas para evaluar posibles sanciones disciplinarias a funcionarios que habrían intervenido en la expedición de los títulos. La universidad, además, presentó denuncia penal contra exdirectivos por hechos que, según su comunicado, podrían constituir delito.
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