La noche del 6 y la madrugada del 7 de diciembre, Cúcuta y Villa del Rosario enfrentaron una serie de ataques atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las autoridades acordaron una recompensa de 150 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.
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Los hechos violentos dejaron dos policías muertos, al menos seis heridos y provocaron daños materiales en distintos puntos, incluyendo la afectación al medallista olímpico Jossimar Calvo y a su esposa Gina Zambrano.
Los ataques se registraron de manera casi simultánea, pero en lugares distintos. Uno de los escenarios fue el anillo vial oriental de Cúcuta, donde una explosión dirigida contra torres de energía alcanzó el vehículo en el que se desplazaban Jossimar Calvo y Gina Zambrano.
El automóvil quedó destruido por la onda explosiva. Los dos fueron trasladados a una clínica local, donde médicos determinaron que se encontraban fuera de peligro.
El entrenador Jairo Ruiz precisó en sus redes sociales que “afortunadamente salió ileso. No tiene heridas que sean de peligro, solamente el golpe, el impacto”. La Liga de Gimnasia de Norte de Santander confirmó que ambos recibieron atención oportuna y se encuentran fuera de riesgo.
Cens Grupo EPM reportó que este atentado hizo parte de una cadena de acciones violentas que causaron la caída de varias torres de energía y cortes eléctricos en sectores como Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y San Faustino.
En otro punto de la ciudad, y en hechos distintos al ataque que afectó al medallista, el Comando de Atención Inmediata (CAI) Morichal, en Villa del Rosario, fue atacado con ráfagas de fusil.
Dos policías resultaron heridos. Minutos más tarde, una patrulla que circulaba sobre el anillo vial occidental de Cúcuta fue blanco de un artefacto explosivo. Este ataque terminó con la vida del intendente Franklyn Alfonso Guerrero Yáñez y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón. Además, cuatro policías más resultaron heridos.
La respuesta oficial no se hizo esperar. El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, lideró el consejo de seguridad con la participación de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, la Fiscalía y el Ejército Nacional. Como parte del plan de refuerzo, anunció el despliegue de 380 policías adicionales, enfocados en fortalecer la inteligencia, las investigaciones y el control territorial.
La administración local activó la línea 107 para recibir información contra el terrorismo y subrayó la importancia de la cooperación ciudadana. Por su parte, el coronel (r) George Edinson Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, detalló que el CAI Morichal ya había sido blanco de ataques previos y anunció el refuerzo con tropas del Ejército Nacional cerca de la frontera con Venezuela.
El presidente Gustavo Petro manifestó en redes sociales: “Buscarán crear violencia en la frontera y nuestro pie de fuerza en la frontera colombo-venezolana debe aumentar. Lamento la pérdida de estos dos jóvenes policías colombianos. La muerte fratricida no permite una Colombia grande. No más sangre entre nuestras familias”.
Las autoridades atribuyen los atentados al ELN en represalia por recientes operaciones y capturas en su contra, especialmente contra la estructura financiera dirigida por alias “El Koki”, quien también tiene una recompensa vigente de hasta 40 millones de pesos.
Los hechos de este fin de semana repiten un patrón de violencia en la zona. El pasado 2 de diciembre, en el sector de Agua Clara, zona rural de Cúcuta, un ataque armado dejó como saldo la muerte del patrullero Luis Montero Angarita y otro policía herido.
Según los reportes, los incidentes del fin de semana se concentraron en el anillo vial oriental a la altura de Colinas del Tunal, el barrio San Fernando del Rodeo y en puntos distantes del área metropolitana, creando una situación de emergencia en la región.
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, confirmaron además el arribo inmediato de 130 uniformados adicionales para reforzar la presencia policial.
Las redes oficiales recalcan que la recompensa de 150 millones de pesos sigue vigente y que quienes aporten información relevante pueden comunicarse bajo estricta reserva.
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