Más de 40.000 homicidios han sido registrados en Colombia durante los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro, según datos recientes del Centro de Paz y Seguridad Externadista.
Este balance, que revela la cifra exacta de 40.663 asesinatos entre agosto de 2022 y agosto de 2025, representa un aumento de 2.862 casos respecto al mismo periodo del gobierno anterior de Iván Duque, equivalente a un crecimiento del 7,59%.
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Los investigadores, liderados por Andrés González, advierten que se trata del nivel más alto de violencia letal en el país desde 2014, contradiciendo la expectativa de reducción que acompañó el proyecto de la Paz Total promovido por la administración actual.
El informe detalla que el momento más crítico se registró en el último año analizado, cuando acontecieron 13.817 homicidios, concretando una tasa de un asesinato cada 39 minutos.
Bajo la administración Petro, el promedio anual subió a 13.554 muertes, una cifra superior a los 12.598 reportados con Duque y a los 12.215 durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos.
La preocupación por la escalada de violencia se refleja también en la percepción ciudadana. De acuerdo con los datos de la encuesta Invamer, el 61,5% de los colombianos considera que el país está cerca de revivir los episodios de violencia del pasado, temor que se intensifica ante los frecuentes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, ataques contra civiles y agresiones a la Fuerza Pública.
El análisis regional presentado por el Centro de Paz muestra que el Caribe colombiano ha liderado esta alza, pasando de 6.512 a 9.382 homicidios entre los dos trienios comparados, lo que significa 2.870 muertes adicionales y explica gran parte del repunte nacional.
Departamentos como Bolívar, Magdalena y Atlántico encabezan los aumentos, con incrementos del 72,7%, 95% y 48,7% respectivamente. Según el informe, esta tendencia responde a la intensificación de las disputas entre el clan del Golfo, disidencias de las extintas Farc, bandas como los Pachenca, el Tren de Aragua y agrupaciones urbanas, que buscan el control de rentas ilícitas en zonas costeras, frontera, minería y narcotráfico.
Mientras 19 departamentos presentaron aumento en los homicidios, 13 lograron disminuir sus cifras. Sobresalen Antioquia con una reducción de 1.407 asesinatos (−21,3%) y Nariño con una caída del 29,6%. Este fenómeno, según el Centro, refleja tanto la efectividad de intervenciones institucionales como el desplazamiento del crimen hacia territorios vecinos.
En el Nororiente, el caso de Tibú ilustra la gravedad del deterioro: en este municipio de Norte de Santander, los homicidios pasaron de 29 en 2024 a 129 en 2025, lo que genera una tasa extrema de 187,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El conflicto armado, que involucra enfrentamientos entre ELN, disidencias y bandas asociadas a economías ilícitas, ha derivado en desplazamientos, confinamientos y homicidios selectivos documentados por la Defensoría del Pueblo.
La situación en Bogotá y el centro oriente del país no es menos alarmante. Entre ambos trienios, la capital pasó de 3.198 a 3.427 homicidios (un aumento del 7,16%), explicando más de la mitad del incremento regional. Tan solo durante 2024, Bogotá experimentó un crecimiento del 14,8% en homicidios, una tendencia vinculada a los conflictos entre estructuras criminales urbanas y la expansión del microtráfico en las zonas periféricas.
Las tendencias en ciudades intermedias y grandes capitales, como Cartagena, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cúcuta, Villavicencio y Soledad, señalan incrementos notorios, mientras que urbes como Cali, Medellín, Montería y Bello han logrado disminuir sus niveles de violencia letal.
Municipios pequeños
En cuanto a los municipios pequeños, la intensidad de la violencia mantiene registros elevados, con tasas que llegan a sextuplicar el promedio nacional en lugares como Tame, Puerto Tejada, Candelaria, Corinto y el bajo Cauca Antioqueño. La expansión o reacomodamiento de estructuras armadas en busca de corredores estratégicos, más que un deterioro generalizado de la seguridad, explica en muchos casos el repunte homicida.
El informe enfatiza la heterogeneidad territorial: aunque persisten más de trescientos municipios, especialmente en Boyacá y Cundinamarca, con cero homicidios durante el periodo, el incremento nacional radica en zonas críticas con violencia armada reorganizada y economías ilícitas en expansión.
Por último, el análisis histórico advierte que la reducción de homicidios se ha desacelerado. El país apenas disminuye la tasa anual en 0,2 puntos y, de persistir la tendencia, Colombia alcanzaría la meta de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes recién en la década de 2080.
Para entonces, se sumarían otros 250.000 muertos, la mitad menores de treinta años, si no se implementan cambios estructurales que reviertan la actual dinámica de letalidad.
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