Integrantes del Curso N.° 74 de Suboficiales radicaron un derecho de petición dirigido a la Dirección de Personal del Ejército Nacional para solicitar aclaraciones sobre procedimientos administrativos, evaluaciones físicas y decisiones de baja adoptadas en los últimos meses.
Los firmantes del documento señalaron que las actuaciones descritas en la petición están relacionadas con procesos de ascenso, lineamientos para el retiro y criterios de evaluación, los cuales, según manifestaron, tuvieron efectos directos en su estabilidad emocional y en la economía de sus familias.
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El derecho de petición fue enviado al Ejército Nacional, la Dirección de Personal (Diper) y las Escuelas de Formación y Perfeccionamiento, con fundamento en los artículos 23, 13 y 209 de la Constitución, así como en la Ley 1755 de 2015 y otras disposiciones que regulan el procedimiento administrativo y la protección de la salud mental del personal militar.
Sobre los procedimientos aplicados
En el documento, los integrantes del Curso N.° 74 explicaron que en septiembre de 2025 un grupo de suboficiales no ascendió y aceptó la decisión conforme a los criterios institucionales. Sin embargo, afirmaron que después fueron requeridos para procedimientos adicionales que, según describieron, no se ajustaron a lo que esperaban una vez no habían sido promovidos.
Entre las situaciones expuestas, indicaron que no se realizó la charla de retiro asistido, pese a ser un requisito establecido para quienes culminan su ciclo en la institución. De acuerdo con lo señalado, se les ordenó repetir pruebas físicas y fichas médicas, algunas de ellas —según el relato del documento— en condiciones que describieron como “desconsideradas o burlonas”.
Asimismo, manifestaron que fueron citados a desplazarse a diferentes Escuelas de las Armas, asumiendo los costos de transporte, alimentación y otros gastos, lo que —según afirmaron— generó afectaciones económicas para sus familias.
En el derecho de petición se indicó que tras cumplir con los procedimientos, varios suboficiales recibieron la baja en un periodo de entre cinco y diez días, lo que, según el escrito, produjo incertidumbre y presión emocional entre los integrantes del curso.
Inconformidad por criterios de evaluación y trato desigual
Los suboficiales retirados afirmaron que existía inequidad entre escuelas, pues —según lo consignado— los criterios para evaluar pruebas, autorizar repeticiones o adelantar procedimientos no eran los mismos en todas las unidades. En la solicitud se señaló que esto producía “trato desigual y confusión” entre los militares.
Sobre los criterios de evaluación para ascensos, los firmantes expresaron preocupación por la afectación en la moral del personal. Allí indicaron que algunos suboficiales que habían cumplido tareas permanentes en operaciones, patrullajes y actividades en terreno, en condiciones de alimentación restringida, no obtuvieron el ascenso. El documento señaló textualmente que durante estas labores se desempeñaron “comiendo atún, salchichón y sardinas, lo que nos daban”.
Mientras tanto —según se describe— otros integrantes que “durante buena parte de su carrera, presentaron excusas médicas frecuentes, o la famosa perrada de la junta médica, dietas especiales o limitaciones que restringían su participación en actividades operacionales”, sí obtuvieron prioridad en los procesos de ascenso. En la petición se indicó que esto generó “percepción de injusticia” y afectó la confianza en los criterios aplicados.
Peticiones al Ejército
En el derecho de petición, los suboficiales solicitaron al Ejército Nacional explicar por qué se ordenó la repetición de pruebas físicas y fichas médicas al personal que no había ascendido y posteriormente sería dado de baja.
También requirieron justificar los desplazamientos ordenados a las Escuelas de las Armas, incluyendo los criterios técnicos, administrativos y presupuestales utilizados para tomar estas decisiones. Otra solicitud fue aclarar los motivos por los cuales se presentaron diferencias en los procedimientos entre escuelas, lo cual —según el documento— generó confusiones y afectó la igualdad de trato.
El derecho de petición pidió a la institución informar si se evaluaron los impactos en salud mental y en la economía familiar antes de ordenar desplazamientos y repeticiones de pruebas, así como explicar por qué no se efectuó la charla de retiro asistido para quienes culminaban su ciclo.
Finalmente, solicitaron detallar las medidas correctivas que se adoptarían para evitar que se generen falsas expectativas en futuros procesos y garantizar un trámite uniforme y equitativo en las evaluaciones administrativas.
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