La familia de Viviana Marcela Suárez Izausa manifestó su indignación y dolor tras el segundo aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra Edwin Leonardo Delgado Comba, señalado como presunto responsable del accidente ocurrido el 31 de octubre en la avenida José Celestino Mutis, en Bogotá.
El siniestro dejó dos motociclistas muertos y generó una investigación judicial que, hasta el momento, ha enfrentado retrasos que, según los familiares, podrían poner en riesgo la obtención de justicia.
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En un comunicado difundido el 5 de diciembre, la defensa de la familia Suárez Izausa expresó su rechazo ante la nueva postergación del proceso judicial: “Rechazamos categóricamente que se haya frustrado por segunda vez la audiencia de formulación de imputación en contra del señor Edwin Leonardo Delgado Comba, por motivos únicos y exclusivos del señor Delgado, que no se presentó a la audiencia”, señalaron.
Juan Manuel Castellanos, abogado representante de las víctimas, advirtió que estos aplazamientos afectan el desarrollo del expediente penal y ponen en riesgo los derechos de las víctimas. “Es fundamental que el investigado comparezca ante las autoridades judiciales o, en su defecto, que el Estado haga efectiva su comparecencia”, agregó.
La imputación sigue en espera
La audiencia de imputación de cargos, inicialmente programada para noviembre, fue reprogramada esperando la respuesta del futuro imputado.
Según Castellanos, la Fiscalía General de la Nación imputará a Delgado Comba el delito de homicidio culposo agravado.
El abogado explicó que existen informes técnicos sobre velocidad, huellas e identificación plena, así como registros en video de las cámaras internas del bar donde el grupo permaneció antes del siniestro, que respaldan la cadena de pruebas del caso.
Cómo ocurrió el accidente en la avenida Mutis
El accidente ocurrió a las 5:50 a. m. del 31 de octubre, cuando un carro blanco que se desplazaba en sentido occidente-oriente perdió el control, saltó el separador y colisionó de frente contra varios vehículos, incluidos motocicletas y, según testigos, un bus del Sitp.
La fuerza del impacto volcó el vehículo y dejó una escena devastadora frente a una estación de gasolina Terpel, en Engativá. En el lugar murieron Viviana Marcela Suárez Izausa y Carlos Mario Cavadía Sierra, que se dirigían a sus lugares de trabajo fuera de Bogotá.
Las primeras pesquisas revelaron que los ocupantes del vehículo, entre ellos Delgado Comba y su pareja Camila Bermúdez, estaban en estado de embriaguez.
Tras el accidente, las autoridades hallaron botellas de licor dentro del automóvil y remitieron a todos los ocupantes a un centro médico.
La versión inicial de Delgado Comba y Bermúdez, difundida en redes sociales, sostenía que ambos dormían en la parte trasera del carro y que la persona al volante era un “conductor elegido” identificado como Rubén Romero, que supuestamente los había recogido en un bar minutos antes del accidente. También aseguraron que nunca intentaron huir y que colaboraron con las autoridades.
Defensa de las víctimas desmiente a los implicados
No obstante, el abogado Castellanos desmintió esta versión ante el medio Noticias Caracol. “Trataron de engañar al país. Primero nos dijeron que habían contratado un conductor elegido, situación que resultó ser falsa. Luego aseguraron que eran los propietarios del vehículo, lo cual también es falso”, afirmó.
Según Castellanos, el extranjero al que intentaron adjudicar la responsabilidad estuvo con la pareja desde las tres de la mañana en un establecimiento comercial, descartando que se tratara de un servicio contratado. Además, señaló que el vehículo no contaba con póliza de responsabilidad civil extracontractual.
La Fiscalía General de la Nación citó a Delgado Comba como presunto responsable del siniestro, en calidad de garante, por estar vinculado directamente al caso, según documentos del vehículo y posibles contradicciones en sus declaraciones.
Aunque por el momento no se ha solicitado medida privativa de la libertad, una eventual condena por homicidio culposo agravado podría implicar una pena de entre seis y diez años de prisión.
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