La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por presuntas irregularidades en la contratación de obras viales con recursos del Sistema General de Regalías.
El proceso también involucraría a dos exfuncionarios departamentales y a la representante legal de una asociación regional, según lo comunicó la Procuraduría este 5 de diciembre de 2025.
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Según informó la Procuraduría, la medida abarca a Alfredo Alarico Escalona Peterson y Nidia Angélica Hernández Vásquez, exsecretarios de Infraestructura y Planeación del departamento, respectivamente.
La investigación también incluyó a Emilia Álvarez Guerrero, que fue representante legal de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) al momento de los hechos.
El órgano de control señaló que el proceso se originó por la adjudicación de un contrato para la rehabilitación de vías en la isla de San Andrés, que habría sido entregado en 2022 a la mencionada asociación por un monto de 69.481 millones de pesos.
De acuerdo con el comunicado que publicó el organismo de control, las observaciones iniciales apuntan a que la Gobernación de San Andrés habría designado a Aremca como entidad ejecutora del proyecto sin acreditar el cumplimiento del requisito de registro en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (Reat). Esta omisión, señaló la Procuraduría , constituye uno de los puntos centrales de la investigación.
Las vías contempladas en el contrato eran la carrera 13 y las avenidas Loma Barrack y Colón, corredores identificados como prioritarios en el Plan Vial Departamental de San Andrés. La financiación del proyecto se gestionó a través del Sistema General de Regalías (SGR), que canaliza recursos del Estado para obras públicas en los territorios.
En esta fase inicial, la Procuraduría solicitó copia integral de la documentación vinculada a la inversión, aprobación y ejecución del contrato. Según añadió la institución, también pidió un listado completo de otros proyectos del SGR en los que Aremca haya sido definida como entidad ejecutora.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR busca establecer si las conductas señaladas constituyen faltas disciplinarias o se encuentran amparadas por alguna exclusión de responsabilidad.
“El objetivo de la investigación es determinar la ocurrencia real de los hechos y si hubo incumplimiento normativo”, expuso el comunicado difundido por la PGN.
Procuraduría investiga a exgobernador de Boyacá por presuntas irregularidades en contrato de mejoramiento de parque con regalías
De manera paralela, la Procuraduría confirmó que abrió una investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por supuestas anomalías en la adjudicación de un contrato para el mejoramiento del parque principal de Cómbita, cuya financiación provino del Sistema General de Regalías (SGR) por una suma cercana a 4.100 millones de pesos.
El proceso disciplinario, según señaló la Procuraduría, se orienta a esclarecer la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto. El órgano de control investiga si dicha entidad contaba con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera suficiente para garantizar la correcta ejecución de la obra.
Conforme a la información divulgada por el ente de control, las investigaciones incluyen la revisión del decreto expedido por la Gobernación de Boyacá que formalizó la designación del fondo ejecutor.
También se solicitó el análisis de los estudios, evaluaciones y documentación previa que fundamentaron esa decisión, así como los documentos utilizados para definir la interventoría del contrato.
La Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR centra actualmente sus pesquisas en comprobar la existencia de los hechos denunciados, determinar si configuran falta disciplinaria y establecer si las actuaciones observadas se respaldan en alguna causal de exclusión de responsabilidad.
El contrato investigado, por más de 4.000 millones de pesos, estaba orientado a obras de mejoramiento en el parque central del municipio de Cómbita, en Boyacá, a través de recursos estatales asignados vía regalías.
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