
Con miras a lo que sería una nueva etapa en el proceso de negociación con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb), Uruguay se sumó el jueves 4 de diciembre de 2025 como nuevo garante en la mesa de diálogos que el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión, frente a las tratativas que se adelantan con las disidencias de las Farc, al mando de alias Wálter Mendoza, fue comunicada por Consejería Comisionada de Paz, que valoró esta participación.
En un comunicado de prensa, la dependencia estatal agradeció a este país por su compromiso con la paz regional, pues “su participación constituye un aporte significativo para avanzar en acuerdos sólidos y verificables”. En la comunicación también se expresó “plena y sentida gratitud con los estados garantes por su aporte para ubicar la solución política a los conflictos en el centro de una nueva comprensión de la seguridad, la democracia y los derechos humanos”.
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En ese sentido, “el Gobierno de Colombia agradece y valora el compromiso de Uruguay con la construcción de la paz y con los esfuerzos regionales y multilaterales orientados a la solución pacífica de las violencias. Su participación constituye un aporte significativo para avanzar en acuerdos sólidos y verificables, en un clima de confianza, cooperación y transparencia, pilares esenciales para el desarrollo de esta mesa”, se expresó en la misiva frente a esta decisión.
El texto oficial de la delegación del Ejecutivo, que avanza conforme a la política de Paz Total que ha querido impulsar el jefe de Estado a lo largo y ancho del país, con diferentes estructuras, también precisó el papel de los países garantes. ”Apoyan y acompañan la implementación de reglas claras y transparencias en la negociación y la construcción de acuerdos, así como el cumplimiento de los mismos y la difusión de los resultados a la sociedad”, precisó.
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Los desafíos del proceso de paz entre el Cneb y el Gobierno Petro
La Cneb representa una facción disidente que emergió tras la desmovilización de las Farc en 2016 y se encuentra bajo el liderazgo de José Vicente Lesmes, alias Wálter Mendoza: que cuestionó de manera pública el Acuerdo de La Habana, al afirmar que los excombatientes “entregaron las armas a cambio de nada”. La agrupación ha mantenido presencia en los departamentos de Nariño y Putumayo y se estima que cuenta con cerca de 2.000 integrantes.
El proceso de paz con esta organización se ha enfocado en la dejación de armas y en la búsqueda de un cese de hostilidades verificable, aunque esta estrategia enfrenta desafíos debido al escepticismo de la dirigencia de la Cneb, que ha señalado que si no se avanza en temas estructurales, más allá de la dejación de armas, Colombia podría enfrentarse a otros 50 años de conflicto armado, con consecuencias inimaginables para la ciudadanía.
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La mesa de conversaciones, instalada formalmente en 2023 y diferenciada de otras negociaciones con disidencias armadas, ha producido acuerdos específicos. Entre estos, destaca el compromiso de la disidencia con la entrega y destrucción progresiva de material de guerra, que en octubre de 2025 se tradujo en la destrucción de varias toneladas de explosivos y armamento, al sumar aproximadamente 13,5 toneladas comprometidas para este fin.
Además, se acordó la creación de Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo para facilitar el cese al fuego. Pese a ello, el proceso ha registrado incidentes de violencia reciente, como el ataque en Putumayo, que dejó dos soldados heridos. Ante estos hechos, el Gobierno lanzó un ultimátum a la Cneb y condicionó la continuidad del proceso a que condenara estas acciones, en pro de que se continuara con la suspensión temporal de operaciones militares.
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