Cambios en aportes al Sena, Icbf y salud podrían frenar la contratación de técnicos y profesionales, alertaron las pequeñas empresas

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) se refirió a la propuesta de ley de rescate fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Por medio de un comunicado, respaldó el propósito de estabilizar las finanzas públicas, pero condicionó su apoyo al proyecto a la incorporación de medidas que protejan la capacidad de empresas de menor envergadura para generar empleo formal, avanzar en la formalización y elevar su productividad.

El gremio que preside María Elena Ospina reconoció que la iniciativa contiene disposiciones sobre austeridad estatal, alivios ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y promoción de compras nacionales en grandes proyectos.

Aun así, sostuvo que el ajuste fiscal debe convivir con el crecimiento de las empresas de menor tamaño. Por eso, señaló que “la estabilidad fiscal y el crecimiento empresarial no son objetivos opuestos”.

Dentro de las medidas que Acopi reclamó figuran:

• Transición gradual en los aportes empresariales.
• Asistencia para adoptar la factura electrónica.
• Multas ajustadas a los ingresos de cada negocio.
• Protección de los programas de productividad.
• Renta progresiva para las mipymes.
• Test previo sobre los efectos de las medidas de IVA y sanciones, a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Dian.

Empleo formal y costos laborales para las mipymes

Una de las alertas centrales del gremio recayó sobre los cambios a la exoneración de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y al sistema de salud. De acuerdo con el alcance descrito en el proyecto, para trabajadores que devenguen más de tres salarios mínimos, esa modificación podría elevar hasta un 13,5% los costos empresariales por esos conceptos.

Acopi considera que “esa carga puede desalentar la contratación formal de personal técnico y profesional en empresas con márgenes estrechos”. Por ello, solicitó evaluar los efectos de la medida y aplicar una transición paulatina para las micro y pequeñas empresas generadoras de empleo formal.

También cuestionó la eliminación prevista de la tarifa de IVA del 5% a partir de 2028, que modificaría el tratamiento tributario de determinados alimentos e insumos agrícolas. Aunque el mecanismo EfectIVA contempla devoluciones para hogares de menores ingresos, el gremio advirtió que su funcionamiento depende de la factura electrónica.

Y es que, según la Encuesta de Micronegocios 2024 (Emicron 2024) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 77,6% de los micronegocios no tenía Registro Único Tributario (RUT).

Acopi pidió asistencia para la formalización y la facturación electrónica, ante el riesgo de que los pequeños comercios queden más rezagados frente a las grandes superficies y los hogares enfrenten obstáculos para acceder a las devoluciones.

Facturación electrónica y sanciones proporcionales

La asociación cuestionó que las sanciones por no expedir factura se calculen a partir de las ventas promedio de un sector, en lugar de considerar la situación de cada contribuyente. “Las sanciones se calculan con criterios objetivos y proporcionales, atendiendo los ingresos reales y la capacidad económica de cada negocio”, planteó sin renunciar al control de la evasión.

Para el gremio, una fórmula desvinculada de la realidad económica de cada contribuyente puede ampliar las brechas de cumplimiento tributario entre pequeños establecimientos y negocios de escala muy superior.

La revisión de los recursos destinados a programas públicos y los cambios en las fuentes de financiación del Sena también deben considerar sus efectos sobre las empresas y el empleo, afirmó la asociación. “La productividad no puede entenderse únicamente como un gasto susceptible de recorte: es una inversión estratégica”, señaló al pedir que se preserven la formación, la asistencia técnica y el acompañamiento empresarial con resultados verificables.

Renta diferencial y evaluación del impacto tributario

Acopi propuso complementar la reducción general del impuesto de renta con tarifas diferenciales y progresivas para las mipymes, definidas según el tamaño y la capacidad contributiva. El diseño, indicó, “debe facilitar el crecimiento empresarial y evitar que incentive la fragmentación artificial de compañías”.

Solicitó además incentivos verificables para la innovación, la tecnología, los proveedores nacionales, la transformación productiva y las compras públicas con participación de miymes. Antes de que entren en vigor las medidas sobre IVA y sanciones, reclamó un test mipymes evaluado por el DNP y la Dian para anticipar efectos y corregirlos cuando sea necesario.