El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación trasladó a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría hallazgos preliminares por más de $9.800 millones en recursos destinados a investigación, relacionados con contratos y operaciones ejecutados entre noviembre de 2024 y julio de 2026. La cartera también anunció la suspensión de pagos vinculados con los procesos revisados y el freno a nuevas adiciones presupuestales.
La ministra de la cartera de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, informó que una revisión administrativa y financiera detectó inconsistencias en gastos asociados con alimentación, logística y eventos.
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Según explicó, los recursos públicos destinados al sector no habrían tenido, en varios casos, una relación verificable con proyectos de investigación, universidades, investigadores o actividades de apropiación del conocimiento.
Los hechos aún están en fase preliminar y serán los organismos de control los que deberán determinar si existieron responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales. La información entregada por el Ministerio no identifica a los contratistas, funcionarios o dependencias involucradas en cada una de las observaciones.
Los hallazgos abarcan contratos que se ejecutaron en el mandato de Petro
La revisión del Ministerio de Ciencia se concentró en operaciones ejecutadas durante un periodo de 20 meses, comprendido entre noviembre de 2024 y julio de 2026. La ministra calificó los casos como parte de una revisión sobre el uso de fondos públicos asignados a la ciencia en Colombia.
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“Colombianos, la plata de la ciencia es de los niños que sueñan con ser científicos, es de las investigadoras, de las universidades, del futuro de este país y es sagrada”, afirmó Benavides Salazar al presentar el resultado de las verificaciones.
La funcionaria sostuvo que, tras examinar la documentación disponible, encontró situaciones que no corresponderían al propósito de los recursos: “Revisamos cómo se estaban usando esos recursos en la administración anterior y lo que encontramos no es ciencia”.
El Ministerio precisó que los expedientes ya quedaron en manos de la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Cada entidad deberá evaluar los documentos desde sus respectivas competencias.
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La revisión detectó miles de compras de almuerzos sin listas de beneficiarios
Uno de los puntos expuestos por la cartera se relaciona con el registro de 32.300 almuerzos sin soportes que permitan establecer quiénes recibieron el servicio. Según el Ministerio, no existen listas de asistencia o documentos equivalentes que permitan identificar a los beneficiarios de esos gastos.
La revisión también habría encontrado servicios certificados como recibidos antes de que se ejecutaran. A esto se suman diferencias entre las fechas de actividades y los documentos presentados como respaldo, además de precios que, de acuerdo con la ministra, no tendrían una justificación clara.
Estos elementos serán revisados por las autoridades para establecer si los pagos se ajustaron a las condiciones contractuales y si los recursos fueron utilizados conforme a los objetivos para los que se asignaron.
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Eventos para más de 4.000 personas quedaron bajo cuestionamiento
Entre las observaciones mencionadas por el Ministerio de Ciencias figuran eventos que, según la información examinada, habrían tenido convocatorias de más de 4.000 personas. La entidad afirmó que no encontró pruebas suficientes sobre su realización ni sobre la capacidad de los escenarios donde supuestamente se desarrollaron.
Claudia Benavides señaló que algunos de esos lugares no habrían contado con la infraestructura necesaria para instalar equipos y atender una asistencia de esa magnitud. La ausencia de soportes técnicos, registros de participantes y documentación sobre la operación logística forma parte de los puntos que analizarán los entes de control.
La ministra también cuestionó el uso de contratos relacionados con actividades de apropiación social del conocimiento: “Se acabó usar la apropiación social de conocimiento como disculpa para una novena navideña”.
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La apropiación social del conocimiento suele incluir estrategias para acercar la ciencia a comunidades, instituciones educativas y ciudadanos. En este caso, el Ministerio deberá aportar la documentación que respalde sus hallazgos, mientras las autoridades evalúan si las actividades contratadas cumplieron con ese objeto.
La cartera cuestionó contratos ejecutados durante la Ley de Garantías
Otro de los asuntos trasladados a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría está relacionado con la realización de eventos y operaciones logísticas durante la vigencia de la Ley de Garantías.
De acuerdo con el pronunciamiento de la ministra, algunas de esas actividades se limitaron a servicios logísticos y no tendrían una conexión suficiente con la inversión en ciencia, tecnología e innovación: “La plata de la ciencia no se usó para ciencia”.
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La Ley de Garantías establece restricciones para la contratación pública en periodos electorales. Las autoridades deberán determinar si los procesos mencionados por el Ministerio se ajustaron a las normas aplicables y si las condiciones de contratación fueron legales.
La funcionaria insistió en que los recursos del sector deben dirigirse a investigadores, instituciones de educación superior, estudiantes y proyectos que aporten al desarrollo científico del país.
El Minserio de Ciencias congeló pagos y suspendió nuevas adiciones presupuestales
Como medida administrativa, la cartera informó que congeló los pagos relacionados con los contratos y operaciones bajo revisión. Además, anunció que no autorizará nuevas adiciones presupuestales o contractuales mientras avanza el examen de los documentos.
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“Ya congelamos los pagos, no se firma ni una adición más”, afirmó la alta funcionaria. La decisión busca evitar que se comprometan más recursos mientras se aclaran las inconsistencias advertidas por la cartera.
Benavides cerró su mensaje con una advertencia dirigida a quienes eventualmente resulten responsables: “Si alguien se aprovechó de la ciencia de Colombia, le digo con claridad: su tiempo se acabó y responderá ante la ley”.
El siguiente paso dependerá de las actuaciones que adelanten la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Esas entidades deberán establecer el alcance de los hallazgos, definir si hubo afectación a recursos públicos y determinar si corresponde abrir investigaciones contra personas naturales o jurídicas.
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