Gobierno respondió a las proyecciones del Carf sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud: “Parte de supuestos incompletos”

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó el jueves 4 de diciembre un pronunciamiento oficial en el que expone observaciones técnicas al análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre las presiones fiscales del sistema de salud y los efectos proyectados de la reforma propuesta por el Gobierno.

El comunicado fue emitido tras la difusión del informe del Carf titulado “Análisis de las presiones fiscales del sector salud de Colombia y del proyecto de reforma 410 de 2025”, en el que el organismo técnico proyecta que las tensiones financieras del sistema se mantendrían o aumentarían en distintos escenarios.

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Señalamientos por supuestos utilizados en las proyecciones

El ministerio inició su declaración indicando que “las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) parten de supuestos incompletos y no reflejan la estructura real ni los objetivos del proyecto de ley que propone este Gobierno para transformar el sistema de salud”. Según la cartera, el análisis del Carf parte de la premisa de que la reforma equivaldría a una ampliación del modelo vigente, sin considerar los cambios estructurales que, según el proyecto, reorganizarían la prestación y administración del servicio.

El comunicado señaló que el organismo técnico analiza las posibles presiones fiscales como si la reforma mantuviera la misma lógica del sistema actual. Según el ministerio, dicha interpretación desconoce el enfoque preventivo planteado en el proyecto y su intención de modificar el funcionamiento del sistema desde la Atención Primaria en Salud (APS) y la gestión anticipada del riesgo.

En relación con este punto, la entidad afirmó que este enfoque permitiría reducir la carga sobre los servicios de mayor complejidad, además de facilitar una planificación del gasto sanitario con criterios de eficiencia.

Sobre los costos y la UPC

En su respuesta, el ministerio también cuestionó la metodología utilizada por el Carf para proyectar el comportamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). De acuerdo con el comunicado, las estimaciones del organismo se basan exclusivamente en la trayectoria histórica del sistema, sin considerar los ajustes derivados de cambios demográficos, epidemiológicos o tecnológicos, ni los efectos de eficiencia que se espera obtener con la estructura propuesta.

La cartera señaló que “proyectar la UPC bajo los parámetros del modelo actual que arrastra sobrecostos, ineficiencias administrativas y un manejo discrecional de los recursos por parte de las EPS es un error metodológico”, y sostiene que reproducir esas condiciones en las proyecciones conduciría a resultados que no corresponden al funcionamiento esperado del modelo planteado en el Proyecto de Ley 410.

El documento también se refiere a los costos incluidos por el Carf dentro del escenario atribuido a la reforma. Según el ministerio, el análisis asigna a la iniciativa gastos asociados a necesidades estructurales del sistema que deben ejecutarse independientemente del modelo institucional, como la modernización de la red pública, la actualización tecnológica y la atención de pasivos acumulados en infraestructura.

La cartera afirmó que estas inversiones no derivan directamente del proyecto de ley, sino de obligaciones de largo plazo del sistema de salud, por lo que no deberían considerarse costos exclusivos de la reforma.

Elementos que la cartera considera omitidos

El Ministerio de Salud dedicó otro segmento de su comunicado a señalar que, en su criterio, el análisis del Carf no incorpora adecuadamente los componentes de la arquitectura institucional propuesta en el proyecto de ley. Entre ellos, mencionó el rol central de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) como administradora única de los recursos, la reorganización de la red pública de prestación de servicios y la interoperabilidad del sistema de información en salud.

En este punto, la entidad sostuvo que el organismo técnico tampoco integra en sus proyecciones el funcionamiento del sistema de gestión para el manejo eficiente de los recursos incluido en el proyecto de reforma. De acuerdo con el comunicado, este mecanismo establece lineamientos para la planeación territorial del gasto, la contratación basada en resultados, el control de precios de tecnologías, la reducción de servicios innecesarios, la auditoría concurrente y la trazabilidad clínica y financiera.

El ministerio expresó que “su propósito es eliminar sobrecostos, mejorar la trazabilidad y la transparencia en el uso de los recursos, así como garantizar que cada peso invertido genere valor en salud”, por lo que considera que su exclusión del análisis limita la validez de las conclusiones del Carf.

Finalmente, el comunicado señaló que el análisis del Carf no tiene en cuenta los avances en políticas de impuestos saludables, que, según el ministerio, cumplen una doble función: prevenir enfermedades de alto costo y generar recursos adicionales y estables para el financiamiento del sistema de salud.

La cartera concluyó que estos elementos deben incorporarse a cualquier evaluación fiscal sobre el sistema y sobre el alcance del Proyecto de Ley 410, dado su impacto en la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.