Sandra Ortiz buscará la libertad por vencimiento de términos tras suspensión de audiencia por caso Ungrd: esta es la estrategia de su defensa

La audiencia preparatoria en el proceso penal contra Sandra Liliana Ortiz Nova, ex consejera presidencial para las Regiones, fue suspendida tras la petición de su nuevo abogado, Mauricio Camacho, que asumió la defensa en septiembre de 2025.

La decisión generó un nuevo escenario dentro del expediente, pues abre la posibilidad de que la defensa solicite que se declare el vencimiento de términos, al considerar que los plazos procesales se habrían visto afectados.

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La diligencia había comenzado a las 8:00 a. m. ante la Juez Octava Penal del Circuito de Bogotá y se extendió hasta las 9:21 a. m., momento en el que la funcionaria judicial accedió a la petición de suspenderla. Camacho argumentó que, debido al volumen del descubrimiento probatorio —que calificó de extenso— y al tiempo que lleva representando a su clienta, no era posible adelantar la audiencia sin contar con todas las garantías para controvertir los elementos del proceso.

El abogado sostuvo que la Fiscalía entregó un acervo probatorio amplio que debía ser revisado en profundidad. Señaló que, desde su llegada al caso, la entrega de documentos se habría dado con limitaciones que dificultaron el análisis.

La Fiscalía negó cualquier dilación en el proceso y reiteró que la imputación de cargos fue realizada hace un año, por lo que el cambio de defensor no podía convertirse en una causal para detener la actuación; sin embargo, indicó que no se opondría a la suspensión si ello evitaba escenarios de indefensión. El representante del Ministerio Público apoyó la solicitud y pidió a la Fiscalía entregar a la defensa todo el material necesario para la organización de su intervención. La delegada de víctimas también se sumó a la postura del ente acusador.

La juez aclaró que la solicitud se entendía como suspensión y no como aplazamiento, precisando que, al tratarse de un trámite ya iniciado, los plazos procesales se trasladaban a la defensa. Además, recalcó que este nuevo tiempo no correría a favor de un eventual vencimiento de términos imputable a la Fiscalía, sino que quedaría bajo responsabilidad del abogado defensor. Sin embargo, Camacho expresó su desacuerdo y anticipó que la discusión sobre la asignación de términos sería llevada ante un juez de garantías.

Riesgo de vencimiento de términos

La nueva audiencia preparatoria quedó programada para el miércoles 11 de febrero de 2026, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De igual forma, las audiencias previstas para los días 9 y 10 de diciembre fueron reprogramadas para el 18 de febrero y el 4 de marzo del próximo año, respectivamente.

Con la suspensión ordenada por la juez y la discusión sobre los términos procesales todavía abierta, la defensa de Sandra Ortiz evalúa las vías jurídicas disponibles, entre ellas la de solicitar la libertad por vencimiento de términos, mientras avanza la preparación del juicio, al estimar que el proceso ha tenido dilaciones que no son atribuibles a la acusada.

El abogado afirmó que el caso presenta fallas que permitirían demostrar la inocencia de la exfuncionaria. “Hay todas las posibilidades de ser absuelta”, aseguró a Blu Radio, indicando que el expediente tendría inconsistencias y vulneraciones de garantías. Agregó que la Fiscalía entregó más de 400 elementos probatorios y señaló: “Más pruebas que el caso de Uribe”, lo que, dijo, limitaba la capacidad de estudiarlos en mes y medio.

Acusaciones de la Fiscalía y contexto del proceso

El proceso penal contra Sandra Ortiz se enmarca en el caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ortiz, que ejerció como consejera presidencial para las Regiones entre mayo de 2023 y mayo de 2024, enfrenta imputaciones por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Actualmente, permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá; y según la Fiscalía, los hechos investigados se remontan a octubre de 2023, cuando “habría gestionado la movilización de 3.000 millones de pesos que, posteriormente, fueron presuntamente entregados al entonces presidente del Congreso de la República”, en medio del direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques de la UNGRD.

El caso también involucra a los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, que se encuentran privados de la libertad. La hipótesis del ente acusador indica que Ortiz habría recibido dos entregas de dinero en efectivo los días 12 y 13 de octubre de ese año, trasladándolo posteriormente hasta la residencia de Iván Name, entonces presidente del Senado. La exconsejera ha negado estos señalamientos en audiencias y entrevistas.