
La circulación de listados digitales que exponen a supuestos infieles ha generado inquietud en Colombia, donde en los últimos días se han difundido versiones del denominado “excel de los infieles”.
Este fenómeno, que previamente se había viralizado en países como Chile y Perú, ha adquirido notoriedad en redes sociales y plataformas de mensajería, involucrando a personas cuyos datos personales y descripciones físicas aparecen en estos registros.
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El contenido de estos listados no se limita a nombres: también incluye detalles personales y relatos sobre las supuestas faltas cometidas por los señalados, en su mayoría hombres, aunque también figuran mujeres.
El 2 de noviembre, se distribuyó un archivo que organizaba la información por departamentos e incluso incorporaba fotografías. Este documento fue retirado pocas horas después de su aparición, pero la dinámica de exposición continuó.
Esa misma noche, se habilitó un formulario en Google Forms que permitía a cualquier usuario ingresar datos similares, los cuales se transferían automáticamente a una hoja de cálculo.
Para la mañana del 3 de diciembre, el formulario ya había sido desactivado, aunque la información recopilada durante ese lapso permaneció en circulación.
A pesar de la eliminación de estos recursos, usuarios en redes sociales han reportado la existencia de nuevos enlaces que buscan consolidar la información dispersa en los diferentes listados.
Además, se han multiplicado los pantallazos y videos que muestran los nombres y detalles de las personas incluidas en estas bases de datos, lo que ha amplificado el alcance y la repercusión del fenómeno en el país.

Mientras proliferan los comentarios y bromas en redes sociales sobre el llamado “Excel de los infieles”, la legislación colombiana establece sanciones severas para quienes divulguen datos personales sin autorización. La Ley 1581 de 2012 protege de manera estricta el derecho a la privacidad y la intimidad de los ciudadanos.
Según esta normativa, la utilización, acceso o difusión de información personal sin el consentimiento expreso del titular constituye un delito grave. Las consecuencias legales pueden incluir penas de prisión de 4 a 8 años y multas de hasta 1.000 salarios mínimos.
Esta regulación busca salvaguardar la integridad de los datos personales, que abarcan desde el documento de identidad, lugar de nacimiento, estado civil, edad y residencia, hasta la trayectoria académica, laboral o profesional. Además, la ley contempla como información especialmente sensible aspectos como el estado de salud, características físicas, ideología política o vida sexual.
A pesar de la claridad de la legislación, la viralización de estas listas ha provocado reacciones diversas en la opinión pública.

Numerosos usuarios han manifestado su interés en participar o consultar estos registros, preguntando cómo subir información sobre sus exparejas, sin considerar las implicaciones legales.
Al mismo tiempo, el fenómeno ha dado pie a una oleada de comentarios humorísticos en redes sociales. Entre las frases más compartidas se encuentran: “Ya no importa si aparecen reportados en Data crédito, es mejor que no aparezcan en el Excel de los infieles de Colombia”, así como relatos de personas que descubrieron la doble vida de sus parejas a través de estos listados: “En shock con el excel de los manes infieles en Colombia, los exponían con pruebas y todo que metían cacho y más de una se enteró que sus novios estaban ahí y se dieron cuenta de que no eran la oficial sino que eran el cacho, en shock”.
Otros usuarios han ironizado sobre el nivel de detalle de los documentos: “Ni el curso de Excel avanzado enseñó tanto Excel como el Excel de los infieles Colombia”, y han bromeado sobre posibles consecuencias legales: “Nos va a llegar la citación de la fiscalía a los que entramos a chismosear el Excel de infieles desde el correo personal”.
El caso pone de relieve la tensión entre la curiosidad colectiva y el respeto a la privacidad, recordando que la divulgación de datos personales sin consentimiento no solo es una falta ética, sino un delito tipificado en la legislación colombiana.
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