Petro negó que su Gobierno diera la orden de crear “empresa criminal” para la entrega de cupos parlamentarios: “Es falsa la crítica de la oposición”

La controversia sobre lo que sería el entramado criminal para la entrega de cupos parlamentarios con contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha puesto en la palestra pública a figuras clave del actual Gobierno y a dos exministros señalados por la Fiscalía: Ricardo Bonilla, extitular de la cartera de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, que estuvo a cargo del ministerio del Interior, imputados de sendos delitos por el ente acusador.

Frente a estas acusaciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió su gestión y con extenso mensaje en su perfil de X denunció cómo en anteriores mandatos se habrían entregado millonarios contratos a congresistas, a través de lo que en su momento se conoció como “cupos indicativos”; y apuntó, en específico, a la administración de Andrés Pastrana Arango como la que fomentó estas prácticas para favorecer a grupos armados paramilitares.

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“Yo fui el que detecté la existencia de cupos parlamentarios cuando los descubrí en el gobierno de Pastrana. Estaban en computadores con códigos secretos”, dijo Petro, que remarcó que este mecanismo no es nuevo y que su origen se remonta a administraciones anteriores. De hecho, en su publicación explicó cómo habría funcionado este modus operandi, con el que habría intentado desviar la atención sobre el escándalo que salpica su administración.

En consecuencia, Petro sacó el ‘espejo retrovisor’. “Un cupo indicativo de parlamentario se forma cuando el alcalde del municipio entrega el contrato financiado por el Gobierno nacional a un amigo del parlamentario y este le entrega el dinero del contrato. Así financian campañas y grupos armados a cambio de votos”, explicó el mandatario, al establecer un vínculo directo entre la corrupción administrativa y el financiamiento de estructuras ilegales.

Gustavo Petro y la defensa a la senadora Martha Peralta, salpicada en el megacaso de la Ungrd

A su vez, también diferenció entre la gestión legítima de los congresistas y las prácticas delictivas. “La constitución actual permite a los parlamentarios defender proyectos ante el ejecutivo para su región. Hay una línea delgada entonces entre la acción de parlamentarios para buscar proyectos para su región y el criminal cupo de contratación para parlamentarios”, sostuvo el primer mandatario, que aseguró que su Gobierno adoptó una “postura inflexible”.

La publicación de Petro en las plataformas digitales y en respuesta al periodista Sebastián Nohra, se dio luego de que, durante la audiencia en la que se le endilgó los punibles de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, salió a relucir el nombre de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta como una de las aparentes interesadas en la entrega de contratos al interior de la entidad.

Por ello, y en respuesta a las acusaciones en su contra, Petro negó la existencia de una estructura criminal.“Por tanto es falsa la crítica de la oposición sobre que yo habría configurado una empresa criminal para entregar cupos parlamentarios. En los gobiernos de la oposición sí hubo, pero la fiscalía no los investiga”, afirmó el presidente, que además señaló que solo siete de los 72 proyectos señalados por la prensa implicaron erogaciones de dinero.

En ese sentido, sacó pecho por haber destituido a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, ante las revelaciones sobre los actos de corrupción, que quedaron al descubierto por los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira. Cabe destacar que López es uno de los testigos estrella en contra de Bonilla, Velasco y otros exfuncionarios del Ejecutivo, al igual que de los excongresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas.

En la diligencia judicial, la Fiscalía presentó cargos formales contra los exministros, acusándolos de “liderar, promover, dirigir y encabezar” una organización criminal dentro del Gobierno, según la fiscal María Cristina Patiño. La acusación sostiene que existió un “pacto criminal” planificado y permanente, cuyo objetivo era asegurar apoyo legislativo a través de la entrega de contratos públicos; mediante un mecanismo que consistía en ofrecer y direccionar contratos millones en la Ungrd y el Invías; a cambio de su voto favorable a reformas clave del gobierno, como la reforma pensional.