La Procuraduría General de la Nación pedirá explicaciones al Gobierno Nacional por la demora en la suspensión del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, cuya salida provisional del cargo fue decretada la semana pasada.
Aunque la orden señalaba un periodo inicial de tres meses por su presunta relación con estructuras disidentes de las Farc vinculadas a alias ‘Calarcá’, la medida todavía no ha sido ejecutada por la Presidencia, lo que ha generado preocupación en el Ministerio Público y en sectores institucionales.
Desde la notificación oficial, la responsabilidad de cumplir la suspensión recae directamente sobre el presidente Gustavo Petro, quien, según fuentes consultadas por W Radio, aún no ha firmado el acto administrativo que haría efectiva la separación temporal del oficial.
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La Procuraduría considera que no existe razón que justifique la falta de acatamiento, especialmente porque la comunicación se envió a la Casa de Nariño de manera inmediata el jueves anterior.
En el ente de control ha llamado la atención que, a diferencia del caso del director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía —quien también resultó involucrado en los hechos investigados—, la suspensión se aplicó de forma expedita tan pronto se notificó la decisión disciplinaria.
Ese contraste elevó las alertas, pues evidencia un trato desigual frente a situaciones similares y podría anticipar retrasos injustificados en la aplicación de sanciones a altos mandos.
De acuerdo con la información conocida, sigue generando inquietud que el general Huertas continúe firmando oficios y ejerciendo sus funciones sin alteraciones, a pesar de que la Procuraduría fue clara al señalar que su permanencia en el cargo podría interferir en las investigaciones actualmente en curso.
La entidad recordó que una demora prolongada podría agravar la situación disciplinaria y abrir nuevos frentes relacionados con el incumplimiento de órdenes emitidas por autoridad competente.
El antecedente más inmediato que preocupa al organismo de control es el caso del excanciller Álvaro Leyva, quien también fue suspendido por tres meses en medio de los señalamientos por el contrato de pasaportes.
En esa oportunidad, el Gobierno tardó en acatar la decisión, generando tensiones institucionales que aún figuran como referencia en esta clase de procesos.
La Procuraduría advierte que no quisiera repetirse un escenario similar, especialmente tratándose de una investigación sensible cuyo alcance involucra posibles delitos y compromisos de seguridad nacional.
La medida contra el general Huertas se fundamentó en los hallazgos difundidos por Noticias Caracol, según los cuales el oficial habría tenido contacto con las disidencias de alias ‘Calarcá’ con el supuesto propósito de asesorarlas para la conformación de empresas de seguridad.
Dichas compañías, de acuerdo con la denuncia, les permitirían movilizarse por el territorio nacional portando armamento y obteniendo beneficios operativos mediante una fachada legal.
Frente a esa situación, la Procuraduría consideró indispensable adoptar una suspensión inmediata, tanto para evitar una eventual reiteración de los hechos como para impedir que la presencia del general en su despacho afectara la recolección de pruebas o influyera en subordinados y procesos internos. El alto rango del oficial, retirado en el gobierno Duque y reintegrado por Petro, fue un elemento clave en la decisión disciplinaria, pues su posición podría facilitar la interferencia involuntaria o intencional en el avance de las verificaciones.
Mientras el Gobierno guarda silencio sobre la firma pendiente, distintas fuentes militares afirmaron a W Radio que Huertas continúa desarrollando actividades normales dentro del Comando de Personal, sin que se haya registrado movimiento administrativo alguno relacionado con su suspensión. Esta continuidad operativa ha generado interrogantes sobre el tratamiento del caso y sobre las decisiones de la cúpula civil encargada de garantizar el cumplimiento de las medidas disciplinarias.
El Ministerio Público reiterará, en su comunicación formal, que la suspensión debe ser acatada sin dilaciones, tal como ocurrió con otros oficiales investigados en circunstancias similares. La Procuraduría insistirá en que no aplicar la medida disciplinaria podría convertirse en una falta adicional susceptible de abrir nuevas actuaciones, especialmente si se comprueba que hubo omisión deliberada o falta de motivación para no firmar el acto correspondiente.
Mientras tanto, el caso sigue generando tensión entre las instituciones, en un escenario donde el escrutinio público crece y donde se requieren respuestas rápidas y transparentes para evitar mayores efectos sobre la confianza ciudadana y la coordinación entre organismos estatales.
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