En la instalación del periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Córdoba, un episodio inesperado alteró la jornada institucional.
La diputada Carolina Zapata Ruiz, única mujer en la corporación, denunció públicamente al diputado Pedro Ortega Macea por agresión verbal, violencia de género y amenazas, un señalamiento que encendió las alarmas sobre el clima interno en la duma.
Según expuso ante la plenaria, los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2025, después de una sesión ordinaria en la que ambos compartieron recinto.
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Su intervención, cargada de firmeza, se dio frente al gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quien participaba en la apertura del periodo extraordinario.
Durante su declaración, Zapata abrió su intervención con un mensaje contundente: “nada justifica la violencia, nada justifica el abuso en contra de mujeres”, frase que utilizó para contextualizar su denuncia dentro de las cifras de la Policía Departamental, que reportan 3.500 casos de violencia contra mujeres y un aumento del 61 % en este tipo de agresiones para 2025.
La diputada afirmó que esos datos reflejan la gravedad del fenómeno y explican por qué resulta inaceptable que situaciones similares se reproduzcan dentro de espacios de representación democrática.
La congresista relató que fue citada a su oficina para tratar asuntos internos del partido. En ese encuentro, según señaló, el diputado Ortega “se dirigió a mí de manera agresiva, despectiva, violenta”, lo cual, en su criterio, configuró un acto de violencia de género orientado a deslegitimar su rol como única mujer en la Asamblea.
De acuerdo con su testimonio, la situación se agravó cuando Ortega habría proferido “expresiones obscenas que constituían violencia de género”, buscando, según la denunciante, minar su autoridad y afectarla emocionalmente en el ejercicio de sus funciones institucionales.
La parlamentaria añadió que, además de la agresión verbal, existió una amenaza directa. En su intervención ante la plenaria, afirmó que Ortega expresó palabras que consideró intimidantes hacia ella y hacia su familia, una situación que, según su interpretación, pretendía coaccionar su autonomía en las decisiones del corporado.
La diputada manifestó su desconcierto por el hecho de que estos comportamientos provinieran de un compañero de recinto, con quien comparte labores diarias en un entorno que, en su concepto, debería garantizar el respeto y la convivencia.
Zapata lamentó la paradoja de que personas que promueven la denuncia de la violencia hacia las mujeres terminen siendo víctimas dentro de instituciones que deberían actuar como ejemplo.
Aseguró que su intención al hacer pública la situación es avanzar hacia un escenario donde los principios de igualdad, diálogo y protección sean una realidad y no solo un discurso.
Ante el gobernador y la mesa directiva, la diputada presentó una serie de solicitudes destinadas a garantizar su seguridad y la transparencia del proceso.
En primer lugar, pidió la presencia permanente de la Fuerza Pública de Córdoba durante las sesiones y en los momentos posteriores a su finalización, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo asociado a las amenazas denunciadas.
En segundo término, solicitó que el caso sea remitido al Comité de Investigación de los Diputados, así como a entidades externas como la Secretaría de la Mujer del Departamento y la Comisaría de Policía, con el fin de que se adopten medidas cautelares y se evalúe la pertinencia de acciones disciplinarias.
La diputada también exigió que la institución adopte protocolos de prevención, atención y sanción frente a casos de violencia psicológica o de género dentro del recinto, de manera que se establezcan rutas claras de protección para cualquier mujer que se desempeñe en la corporación.
Para ella, estas herramientas son fundamentales para que la Asamblea funcione bajo principios de seguridad, respeto y corresponsabilidad.
Zapata solicitó finalmente que su denuncia sea incluida en el acta oficial de la sesión, con el propósito de dejar registro institucional y de garantizar que la corporación asuma un compromiso formal con la protección de las mujeres.
Sustentó su petición en un marco normativo amplio que abarca la Ley 24-53 de 2025, la Ley 12-57 de 2008, la Ley 17-61 de 2015, disposiciones del Código Penal respecto a amenazas contra servidores públicos y los artículos 13 y 23 de la Constitución Política, los cuales establecen la protección a la igualdad y el derecho a vivir libres de violencia.
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