
El reciente acuerdo entre Saab, la empresa sueca de defensa, y el Gobierno de Colombia ha generado numerosas reacciones desde sectores políticos y en redes sociales, al punto de ser demandado el acuerdo por supuestos pagos de coimas a intermediarios, especialmente, por el millonario cobro 16 billones de pesos para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen acordado a mediados de noviembre de 2025.
Frente a la polémica, Saab difundió un comunicado en la mañana del lunes 1 de diciembre, afirmando que el país latinoamericano no asumirá el pago del contrato de forma inmediata, sino que contará con un esquema de financiación que distribuye los costos a lo largo de siete años. Este mecanismo busca proteger a Colombia de posibles fluctuaciones inflacionarias y alteraciones en los precios internacionales.
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Según la compañía, este acuerdo contempla la entrega de 17 aeronaves, de las cuales quince serán Gripen E (monoplaza) y dos Gripen F (biplaza). A esta flota se suman equipos adicionales como radares de alta precisión, sensores avanzados, armamento moderno, sistemas integrales de autodefensa, simuladores y dispositivos para entrenar a las tripulaciones, además de un paquete de soporte logístico, repuestos y componentes.
La compañía recalcó que se trata de una “capacidad integral y de vanguardia de superioridad aérea para la defensa y seguridad nacional durante las siguientes décadas”.

Saab insistió en que el proceso de negociación fue “transparente y ético”, guiado por sus valores corporativos y bajo una estricta política de “cero tolerancia” hacia la corrupción.
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En la comunicación, la empresa destacó su cumplimiento de las directrices internacionales de la Ocde, así como la implementación de rigurosos mecanismos de control y auditorías, tanto internas como externas, para garantizar la integridad de sus operaciones.
“Tenemos tolerancia cero hacia la corrupción y una política estricta que regula nuestra conducta en línea con las directrices internacionales establecidas por la OCDE”, señaló la compañía.
La empresa también aclaró que en la negociación no participaron intermediarios ni personas externas y que todas las gestiones se realizaron exclusivamente entre representantes oficiales de Saab, delegados del Gobierno de Colombia y con la supervisión de las autoridades de Suecia.
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“Toda la negociación y adquisición se llevó a cabo con representantes oficiales de la empresa y con la contraparte oficialmente designada por Colombia, con el acompañamiento del Gobierno de Suecia y sus estándares de transparencia”, expuso Saab en el comunicado.
Otro aspecto abordado por la empresa sueca fue la comparación del contrato colombiano con acuerdos similares firmados en otros países. Saab argumentó que “las ofertas a distintos países no son comparables, ya que son sustancialmente diferentes, así como los requisitos de cada país son totalmente distintos”.
Resaltó que para Colombia es la primera experiencia en la incorporación de esta tecnología, y que el alcance del contrato abarca sistemas, logística, entrenamiento, repuestos, garantías y condiciones de financiamiento adaptadas a los requerimientos locales.
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En cuanto a los compromisos adicionales, Saab reveló que el acuerdo incluye un “paquete de cooperación industrial y transferencia de tecnología” destinado a fortalecer sectores estratégicos en Colombia.
Las acciones concretas consisten en la construcción de una planta de paneles solares en la región Caribe, mejoras en la infraestructura sanitaria y dotación de agua potable mediante plantas desalinizadoras en La Guajira, así como transferencia de conocimientos tecnológicos en aeronáutica y ciberseguridad para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Para concluir, la empresa reiteró su misión de “ayudar a los países a proteger a sus ciudadanos y sociedades”, respaldada por un equipo de más de 25 mil colaboradores en todo el mundo, además de la presencia en campos como la aeronáutica, sistemas submarinos y sensores, todo ello desde su sede en Suecia.
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