El presidente Gustavo Petro anunció, a través de su cuenta en X, el inicio de la campaña por la asamblea nacional constituyente tras la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su movimiento político, decisión que, según el mandatario, responde a intereses que buscan debilitar a su Gobierno y privar de personería jurídica al que considera el movimiento político más grande de Colombia.
Como respuesta, el jefe de Estado convocó a la ciudadanía a respaldar la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, subrayando la necesidad de recolectar firmas y obtener mayorías en el Congreso para avanzar en este proceso.
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“La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca y necesita su firma y mayorías en el Congreso”, declaró, marcando así el inicio de una nueva etapa política tras la decisión del CNE.
Así mismo, el mandatario expresó que la investigación del CNE sobre la campaña presidencial de 2022 no logró demostrar la existencia de aportes ilegales ni vínculos con el narcotráfico.
El presidente enfatizó en que “lo único positivo de esta investigación, es que la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal. Hice una campaña transparente y decente, sin trampas”.
De este modo, defendió la legalidad y transparencia de su equipo durante el proceso electoral, reiterando que los señalamientos en su contra carecen de fundamento.
El mandatario criticó con dureza la actuación de los magistrados y conjueces que participaron en la definición del caso, señalando especialmente al abogado Majer Nayi Abushihab.
En sus palabras, “que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable. El CNE no puede ya darnos garantías electorales. Sanciona mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia”.
Para Petro, la decisión del organismo electoral evidencia un sesgo que, en su opinión, impide que existan garantías democráticas plenas en el país.
En su mensaje, el presidente también denunció que la investigación no tuvo en cuenta la defensa presentada por su equipo y que los supuestos “sobretopes” señalados por el CNE no corresponden a la realidad.
“Ninguno de los puntos que llaman sobretopes y, en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa, son sobretopes”, afirmó, insistiendo en que la sanción carece de sustento jurídico y responde a motivaciones políticas.
El jefe de Estado fue más allá al advertir que detrás de la controversia existen intereses de poder que buscan restablecer la influencia de sectores que, según él, representan a la oligarquía y las mafias.
“Ahora con trampas la oligarquía y las mafias buscan recuperar el poder. El pueblo decidirá si vuelve a la gobernanza paramilitar o vamos Pa’lante a una Colombia Libre de mafias e injusticias”, manifestó.
CNE sanciona a campaña Petro Presidente 2022 por irregularidades financieras
La sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña Petro Presidente 2022 marca un precedente en la historia política de Colombia, al convertirse en la primera vez que se penaliza a los responsables de la financiación de una campaña presidencial en el país.
La decisión, adoptada por la sala plena del CNE el 27 de noviembre, se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en los procesos electorales, a pocos años de las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
El CNE determinó que la campaña de Gustavo Petro en 2022 superó los topes de financiación permitidos por más de $3.500 millones, además de recibir aportes de fuentes prohibidas, entre las que se encuentran Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO) y la empresa Ingenial Media.
La ponencia aprobada por el organismo electoral establece una multa superior a $5.000 millones para Ricardo Roa, que ejerció como gerente de la campaña. Junto a él, también fueron sancionados otros actores clave en la estructura financiera de la campaña, como Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto, auditora. Las sanciones alcanzan igualmente a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
El fallo del CNE no incluye sanciones directas contra el entonces candidato y actual presidente Gustavo Petro, en cumplimiento de una disposición de la Corte Constitucional. No obstante, el mandatario continuará bajo investigación por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara, y la decisión del CNE podría derivar en el envío de copias del expediente a esa instancia legislativa, que deberá evaluar la posible responsabilidad del presidente en los hechos investigados.
Entre las irregularidades detectadas, el CNE identificó omisiones en el reporte de gastos correspondientes a la primera vuelta electoral.
Destaca la supuesta donación de Fecode por $500 millones, que habría ingresado a la campaña a través del partido Colombia Humana, cuyo representante legal en ese momento era el exsuperintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga. Además, se reporta un crédito de $500 millones otorgado por el Polo a la campaña.
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