El 26 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la radicación del escrito de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, que marca un nuevo capítulo en la investigación por el presunto desfalco millonario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía General de la Nación considera que existen pruebas suficientes para vincular a los exministros de Hacienda y del Interior en una trama de contratos y coimas dirigidos a congresistas, con el objetivo de asegurar apoyos legislativos para las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro.
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Tras varios días de deliberación, el Tribunal Superior de Bogotá anunció que el 1 de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m., se desarrollarán las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra los dos exministros del Gobierno Petro.
“El tribunal, atendiendo la solicitud de audiencia preliminar elevada por la fiscalía, fija como fecha para la realización de las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento el 1° de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m. En consecuencia, se dispone que, por intermedio de la secretaría de la sala, se cite a Luis Fernando Velasco Chávez, Ricardo Bonilla González, a sus respectivos defensores, a la fiscalía, a los apoderados de las víctimas y al delegado del Ministerio Público”, puntualizó el Tribunal.
Y agregó: “Se les informará que la diligencia se llevará a cabo de manera mixta, esto es, presencial y virtual, esta última modalidad para quienes se encuentren fuera de la ciudad. Para tal efecto, la oficina de sistemas del tribunal remitirá al correo electrónico registrado el enlace de acceso remoto, junto con las instrucciones para conectarse a la videoconferencia”.
Los roles de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla en el entramado de corrupción de la Ungrd
El alcance de la influencia de Luis Fernando Velasco en el Gobierno de Gustavo Petro quedó expuesto a partir de los testimonios recogidos por la Fiscalía General de la Nación, que lo señalan como una figura clave en la articulación política más allá de su gestión formal al frente del Ministerio del Interior, cargo que ocupó entre mayo de 2023 y junio de 2024.
Las investigaciones apuntan a que Velasco habría operado como el principal “articulador político” del Ejecutivo, dirigiendo la asignación de contratos de la Ungrd hacia congresistas estratégicos para consolidar apoyos legislativos.
De acuerdo con la declaración de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, Velasco habría prometido hasta $80.000.000.000 en contratos a cambio de respaldo en iniciativas políticas consideradas cruciales para el Gobierno, como la reforma a la salud, que finalmente no prosperó.
Frente al papel de Ricardo Bonilla en el entramado de corrupción, María Alejandra Benavides, exasesora del exministro y testigo clave de la Fiscalía, explicó que recibió órdenes directas del ex alto funcionario de mantener felices con contratos a los congresistas de la Comisión de Crédito Público.
Según su testimonio, “había un acuerdo tácito, porque ninguno de los otros miembros que estaban en esta reunión se opuso. En ella se dijo que, como un gesto con el ministro, recuerdo esa parte, se iba a votar un crédito. Para ellos, era una forma de mostrar que sí estaban dispuestos a colaborarle al ministro Ricardo Bonilla, pero que ya era cuestión de que el ministro demostrara alguna gestión en el interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, expuso.
Los congresistas mencionados en el escándalo: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz defendieron sus acciones argumentando que su labor consistía en gestionar proyectos y recursos, una función inherente a su cargo. No obstante, las evidencias señalan que la asignación de contratos y la imposición de contratistas eran condiciones para asegurar sus votos en el Congreso de la República.
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