El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Sadid Darío Rojas, conocido como Alias Samir, miembro del frente 36 de las disidencias de las Farc, como negociador de paz.
La decisión fue confirmada por una resolución ejecutiva firmada el 21 de noviembre de 2025 por el presidente de la República, Gustavo Petro.
Alias Samir es buscado en Antioquia por autoridades judiciales por su presunta implicación en la muerte de 13 soldados en Amalfi.
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La designación de alias Samir generó controversia nacional al coincidir con la discusión sobre la posible existencia de vínculos entre miembros del Estado y grupos armados ilegales.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño expresó su rechazo al proceso: “Alias Samir, el asesino de 13 soldados en Amalfi, Antioquia, fue nombrado como nuevo gestor de paz de Petro”.
Además, cuestionó otros antecedentes: “Primero, los gestores de paz de Petro asesinaron a Miguel Uribe, y ahora un asesino de 13 soldados es premiado por el mismo Petro”.
“Ya sabemos de qué lado están”, concluyó Briceño al insistir en las críticas sobre la política de paz promovida por la administración de Petro.
Este es el historial criminal de Alias Samir
El nombre de Sadid Darío Rojas, conocido como alias Samir, volvió a ocupar espacios centrales en la agenda pública tras confirmarse su designación como negociador de paz en Colombia.
La decisión oficial, impulsada por el Ejecutivo, se conoció mientras continúan en curso investigaciones sobre uno de los episodios más graves de violencia reciente en el país: el ataque con explosivos a un helicóptero Black Hawk en el municipio de Amalfi, Antioquia, el 21 de agosto de 2025.
En ese acto armado, 13 miembros de la Policía Nacional murieron, generando alarma institucional y conmoción en comunidades del norte antioqueño.
De acuerdo con Cambio, aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reclamó responsabilidad sobre el atentado, los órganos de inteligencia y entidades judiciales siguen identificando como perpetradores a integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo disputa con hombres de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.
En esas pesquisas, Samir figura como uno de los jefes armados de mayor peligrosidad del nororiente de Antioquia, con operaciones documentadas en al menos doce municipios, entre ellos Campamento, Yarumal, Angostura, Guadalupe, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Amalfi, Tarazá, Valdivia y Cáceres.
Estos entornos presentan una situación crítica derivada de la disputa por recursos ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal, combinada con frecuentes ataques a la población civil y enfrentamientos entre organizaciones armadas.
La compleja dinámica incrementó su gravedad tras el atentado contra el helicóptero, suceso que llevó al Gobierno de Estados Unidos a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares mediante su embajada en Bogotá, a cambio de información relevante para la identificación y captura de los responsables materiales e intelectuales de la acción violenta.
Como respuesta, la vigilancia policial y las operaciones militares intensificaron su presencia en diversas localidades del norte de Antioquia.
Frente al contexto de inseguridad, el reciente reconocimiento de Samir como interlocutor para los diálogos con el Estado plantea una serie de interrogantes.
Cambio detalló que la inclusión de Samir obedeció a la solicitud directa de tres bloques disidentes, Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes, nacidos tras la fragmentación del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.
Estas facciones, dirigidas por diversos líderes armados, buscan establecer negociaciones diferenciadas para lograr acuerdos de cese de hostilidades, desmovilización y entrega progresiva de armamento en zonas donde la confrontación persiste.
La resolución oficial, señala que la presencia de alias Samir como vocero facilitaría la ampliación de canales de diálogo entre el Estado y los grupos ilegales. Además, el Gobierno reconoció a Danilo Alvizú, jefe del frente Carolina Ramírez, dentro del mismo esquema de negociadores, quien aparece en contactos recientes interceptados con alias Calarcá.
Ambos insurgentes gozarán de garantías limitadas de movilidad y medidas de protección otorgadas bajo la vigilancia de entidades estatales y organismos multilaterales, sin que se suspendan los procesos judiciales ni las órdenes de captura previas.
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