Dos jóvenes, Martín Rubiano-Groot Arias y Nicolás Gutiérrez Solórzano, fueron condenados por una brutal agresión en la Zona T que dejó con graves lesiones al estudiante Pablo Gutiérrez Villate en Bogotá.
El caso, que ha generado conmoción por la brutalidad de los hechos y por la complejidad judicial derivada de que los condenados residen en el extranjero, ha reavivado el debate sobre la efectividad de la justicia colombiana en procesos con dimensión transnacional.
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El incidente ocurrió la madrugada del 15 de octubre de 2021, cuando Gutiérrez Villate, estudiante de la Universidad de los Andes, fue atacado a la salida de la discoteca Rocket, ubicada en la concurrida Zona T de la capital colombiana.
De acuerdo con El Tiempo, la agresión se produjo después de que Rubiano-Groot y Gutiérrez Solórzano, ambos de 24 años, se acercaron a la mesa donde se encontraba la víctima y le pidieron que se retirara.
Según la Fiscalía, Rubiano-Groot, identificado por una camiseta de la selección argentina, golpeó a Gutiérrez Villate en el rostro, causándole lesiones en el ojo derecho, el pómulo y la nariz. Posteriormente, los agresores y otras personas esperaron a la víctima fuera del local, donde continuaron la golpiza con puños y patadas, dejándolo tendido en el suelo.
Las consecuencias físicas para Gutiérrez Villate fueron severas. Las fracturas óseas en la nariz y la cuenca orbital derecha requirieron una cirugía reconstructiva, en la que se le implantó una placa metálica y un tornillo para sostener el ojo derecho.
El caso, ampliamente difundido en Bogotá, evidenció las dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias para acceder a la justicia en episodios de violencia de este tipo.
El proceso judicial avanzó poco más de un año después de los hechos. El juez 126 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Rubiano-Groot y Gutiérrez Solórzano por el delito de lesiones personales, con una pena que oscila entre 16 y 25 meses de prisión (un año y cuatro meses o dos años y un mes).
Sin embargo, el monto definitivo de la sentencia se definirá en una audiencia posterior, y la decisión aún no es firme, ya que la defensa ha anunciado su intención de apelar.
La defensa, encabezada por el exfiscal Mario Iguarán, manifestó su desacuerdo con el fallo. En declaraciones recogidas por Pulzo, Iguarán calificó la sentencia como un “yerro jurídico” y sostuvo que el juez desestimó pruebas y testimonios presentados por la defensa, además de ignorar la posible participación de otras personas en la riña.
Iguarán cuestionó la valoración de los testigos y peritos, argumentando que el fallo favoreció “una versión imaginada por parte de los testigos”. Por su parte, la Fiscalía, sostiene que las cámaras de seguridad de la discoteca captaron de manera clara la agresión y la participación específica de los condenados.
Un elemento que añade complejidad al caso es la residencia en el extranjero de los agresores. Rubiano-Groot vive en Vancouver, Canadá, donde estudia en University Canada West y trabaja como consultor adjunto en una organización internacional dedicada a la prevención de la violencia, según El Tiempo.
Gutiérrez Solórzano, por su parte, reside en Madrid, España, donde trabaja en el sector inmobiliario y cursó estudios de derecho en la Universidad Autónoma de Madrid tras su paso por la Universidad de los Andes.
Las repercusiones legales del caso se ven marcadas por la apelación presentada por la defensa y la solicitud de suspensión de la pena hasta que la sentencia sea definitiva.
Además, la víctima ha exigido una reparación integral de 200 millones de pesos, una cifra que la defensa considera elevada.
La defensa ha reiterado su disposición a conciliar, pero la cuantía solicitada por la víctima y la falta de una sentencia ejecutoriada mantienen el proceso en suspenso.
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