La discusión en torno a la ley de financiamiento en Colombia genera preocupación en los sectores económicos por su posible impacto sobre la inversión, el crecimiento y la productividad nacional.
Así lo advirtió José Ignacio López, presidente de Anif, durante declaraciones a Blu Radio.
Según López, la aprobación de la ley podría derivar en un aumento de los precios de insumos estratégicos como la gasolina, el diésel y la electricidad, afectando de manera transversal a la economía y a sectores clave para el desarrollo del país.
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“Esta ley de financiamiento tiene una afectación generalizada sobre la economía, sobre todo vía el impuesto al carbono, que aumentaría los precios de la gasolina, del diésel. A través de estos mecanismos también podría afectar al precio de electricidad, y claramente, con su impacto en otros rubros como aerolíneas, tiquetes aéreos, etcétera”, afirmó.
El directivo resaltó que el contexto político y económico actual no es propicio para incrementos significativos en áreas estratégicas, lo que podría derivar en una menor inversión y un crecimiento económico limitado.

“Esta es una ley de financiamiento que va a golpear sectores estratégicos de crecimiento e inversión del país y por tanto nuestra lectura es negativa frente a varias de esas propuestas. Nos parece que en este momento no hay ni siquiera el ambiente político y no hay el ambiente económico para que tengamos un aumento tan importante en varios sectores que son estratégicos para Colombia”, aseguró.
El futuro de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno permanece incierto. La administración insiste en recaudar 16 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, en medio de un Congreso fragmentado y resistencia de varios sectores políticos.
La falta de consenso y la proximidad del cierre de las sesiones ordinarias han puesto en duda la viabilidad de la iniciativa, que enfrenta obstáculos tanto en el plano legislativo como en el económico.
El Ministerio de Hacienda presentó el martes 25 de noviembre una ponencia positiva, aunque solo obtuvo el respaldo de diez de los veintiséis ponentes y coordinadores, lo que evidencia la división interna en el Congreso.

La ausencia de cuórum en la primera sesión de las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara obligó a reprogramar el debate para el miércoles 26, reflejando las dificultades para avanzar en la discusión. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la viabilidad del proyecto y aseguró que la discusión apenas comienza.
“La reforma tributaria no está tan hundida como han dicho los medios de comunicación. Algunas personas que firmaron la carta ya se han echado para atrás y firmaron la ponencia positiva”, afirmó.
El proyecto, radicado por el Ministerio de Hacienda, consta de 97 artículos distribuidos en cuatro capítulos, que incluyen cambios en los impuestos al consumo, al patrimonio, la retención en la fuente y el tributo nacional al carbono.
Javier Blel, socio de Tax Controversy de Deloitte, advirtió a Semana sobre los riesgos de la propuesta relacionada con el impuesto al patrimonio. El proyecto plantea reducir el umbral para pagar este tributo de 72.000 a 40.000 UVT, lo que equivale a pasar de 3.585 millones de pesos a 1.991 millones.

Quienes posean activos inferiores a 40.000 UVT quedarían exentos, mientras que las grandes fortunas enfrentarían tasas progresivas de hasta el 5 %.
En caso de que la ley no sea aprobada, López advirtió que el Gobierno tendría que realizar un recorte presupuestal cercano a 16 billones de pesos, que podría aumentar hasta 40 o 50 billones debido a la demanda de recursos en sectores como la salud y la energía.
Finalmente, desde los sectores económicos se insiste en la necesidad de fortalecer la inversión internacional para impulsar proyectos de infraestructura y el potencial productivo del país. Según Anif, actualmente la inversión extranjera en Colombia equivale al 1,6 % del PIB, un nivel considerado insuficiente para los retos económicos del país.
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