Red de Veedurías sacude a la Corte Constitucional con señalamiento explosivo: advierten una “campaña sucia” al interior

La Red de Veedurías difundió un cuestionamiento directo sobre dos magistrados de la Corte Constitucional y sembró dudas sobre la neutralidad de la corporación en la elección del próximo miembro del Consejo Superior de la Judicatura.

Es importante especificar que los togados del Consejo Superior de la Judicatura llegan al cargo por decisión de las altas cortes. El Consejo de Estado escoge a tres, la Corte Suprema de Justicia selecciona a dos y la Corte Constitucional elige a uno. Cada designación cubre un período de ocho años y surge de la discusión interna y la votación que realiza cada corporación sobre las listas de aspirantes que presenta.

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La publicación expone que dentro del alto tribunal existen inquietudes sobre movimientos internos que favorecen a ciertos aspirantes. El comunicado de la Red de Veedurías se presenta como un llamado urgente a la vigilancia ciudadana y a la preservación de la imparcialidad en un proceso que incide en la administración de recursos públicos.

El mensaje divulgó la pregunta que ahora concentra la atención de sectores académicos, jurídicos y políticos. La organización expresó: “¿Dos de la corte constitucional estarían haciendo campaña al interior de la corporación? Fuentes de la Corte Constitucional aseguran que la magistrada Natalia Ángel y el magistrado Miguel Polo estaría jugando a fondo a favor de la última elección de magistrado en el 2025. Es la vacante en el Consejo Superior de la judicatura, que manejará 12 billones de pesos para la rama judicial”.

La publicación describe que la magistrada Natalia Ángel —presidenta de la Sala Especial de Seguimiento— apoya de forma abierta a una aspirante. La organización señala que tal impulso genera inquietud dentro de la corporación, en especial por la influencia que posee cada magistrado en decisiones internas de alto nivel.

El señalamiento aparece en la misma denuncia: “La magistrada Ángel estaría haciéndole campaña a Juanita Durán, quien trabajó en la fiscalía de Montealegre y tuvo una relación cercana con Alejandro Gaviria, exministro de Educación de este Gobierno”.

La acusación también alcanza al magistrado Miguel Polo Rosero (que ocupa el cargo desde 2024), de la Corte Constitucional. Según la Red de Veedurías, el togado toma acciones que buscan afectar la reputación de una candidata y alterar la percepción de otros magistrados durante el proceso de evaluación.

“El magistrado Miguel Polo Rosero estaría enviando artículos periodísticos a los magistrados para enlodar a una de las candidatas. Recordemos, los magistrados Polo y Rosero han votado favorablemente varias iniciativas del gobierno”, se lee en el post de la organización.

Tensión dentro de la Corte por presuntas campañas internas

La Red de Veedurías describe que estos presuntos movimientos internos provocan tensión en una elección con cinco aspirantes. La organización insiste en que la competencia por el cargo se contamina con estrategias que no coinciden con criterios de idoneidad o experiencia profesional.

De acuerdo con la publicación: “Lo más grave de la elección que tiene 5 candidatos es que se estaría haciendo campaña sucia hablando mal de los otros candidatos lo cual pone una sombra sobre el proceso, el cual debería estar guiado por capacidades intelectuales y de gerencia, más no de chismes y campañas malintencionadas, juego limpio señores”.

El cierre de la publicación evidencia el nivel de inconformidad dentro de la propia Corte Constitucional. El mensaje sostiene que dentro del alto tribunal existe sorpresa por la forma que toma esta competencia: “Propios magistrados de la corte dicen que jamás habían visto una campaña tan sucia y baja”.

Así, la Red de Veedurías solicitó que este episodio reciba atención pública y pide transparencia absoluta en la elección del cargo que administrará recursos de enorme importancia para la estructura judicial. Además, la organización insta a que el proceso se sostenga en méritos verificables y en garantías que excluyan presiones internas o disputas que afecten la legitimidad de la institución.