
La Defensoría del Pueblo exigió activar de inmediato un plan de contingencia en la cárcel El Pedregal, en Medellín, tras el brote de tuberculosis registrado en el centro penitenciario. La entidad advirtió que la situación pone en riesgo la vida, la salud y la integridad de más de 4.500 personas privadas de la libertad, además del personal que trabaja en el establecimiento.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la situación epidemiológica en El Pedregal es crítica. Actualmente hay seis mujeres del pabellón femenino en tratamiento y 41 casos activos detectados en el área masculina, lo que encendió las alertas por el riesgo de transmisión en espacios cerrados y compartidos.
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La Defensoría pidió adoptar medidas urgentes para separar adecuadamente los casos confirmados de los sospechosos, mejorar la ventilación de las áreas y reducir la posibilidad de contagio dentro de los pabellones. También solicitó reforzar la búsqueda activa de personas con síntomas respiratorios y garantizar pruebas diagnósticas para internos y personal expuesto.

La preocupación principal es que las condiciones propias de una cárcel pueden facilitar la propagación de enfermedades respiratorias si no se actúa con rapidez, especialmente cuando hay hacinamiento, contacto permanente y dificultades para aislar a quienes requieren manejo diferenciado.
Piden separar casos y reforzar medidas sanitarias
La tuberculosis es una infección que se transmite por vía respiratoria, por lo que la Defensoría insistió en que la respuesta debe ser inmediata y coordinada. La entidad solicitó que los casos confirmados no permanezcan mezclados con personas sospechosas o sin diagnóstico, y que se adecuen espacios con condiciones mínimas de ventilación.
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La líder de epidemiología de la Secretaría de Salud, Rita Almanza, explicó la forma en que se produce la transmisión. “La tuberculosis es producida por un microorganismo o bacteria que se aloja en nuestros pulmones. Necesita el aire para vivir, por lo que la transmisión es exclusivamente aérea y respiratoria”, señaló.
Almanza agregó que el riesgo aparece cuando una persona con tuberculosis tose, habla, estornuda o canta. “Uno no ve, pero en el aire quedan suspendidos partículas de saliva que alojan este microorganismo”, manifestó.
Por esa razón, las medidas de bioseguridad no pueden limitarse al tratamiento de los casos ya identificados. También se requiere detectar a tiempo a quienes puedan tener síntomas, practicar pruebas y evitar que el brote se extienda dentro de la población carcelaria.
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La Defensoría pidió, además, garantizar elementos de protección, atención médica suficiente y seguimiento permanente a los pacientes diagnosticados. El suministro oportuno de medicamentos también fue incluido entre las solicitudes prioritarias.
Defensoría advierte vulneración de derechos
Aunque la Secretaría de Salud aseguró que los pacientes están recibiendo atención y que hay protocolos activos, la Defensoría consideró que la situación compromete derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
La entidad sostuvo que el brote puede vulnerar los derechos a la vida, la salud y la integridad tanto de los internos como de los trabajadores del centro penitenciario si no se aplican medidas eficaces para contenerlo.
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Entre las acciones solicitadas también está gestionar ante la USPEC la infraestructura y los insumos necesarios para responder a la emergencia sanitaria. Esto incluye espacios adecuados, disponibilidad de personal médico, medicamentos y condiciones que permitan aplicar los protocolos sin retrasos.
El llamado de la Defensoría apunta a que las autoridades penitenciarias y sanitarias actúen antes de que la situación se agrave. Para la entidad, el brote no puede tratarse como un hecho aislado, sino como una alerta sobre las condiciones de salud pública dentro de los centros de reclusión.
La cárcel El Pedregal concentra una población numerosa y vulnerable, por lo que cualquier falla en la detección, aislamiento o tratamiento puede tener efectos rápidos. Por ahora, la Defensoría reclama una respuesta integral que permita controlar los contagios, proteger a la población carcelaria y garantizar que la atención médica llegue sin barreras.
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