
El posible incremento de los aranceles a los licores importados en Colombia ha reavivado el debate sobre la política comercial y tributaria del país, al tiempo que plantea interrogantes sobre el impacto en los precios y la estructura de los tratados internacionales de comercio vigentes.
De acuerdo con información obtenida por Portafolio, el Ministerio de Hacienda esta evaluando la posibilidad de elevar la tarifa actual, que se sitúa en el 15%, con el objetivo de superar ese umbral, aunque reconoce que en muchos casos la cifra está condicionada por los tratados de libre comercio (TLC) que Colombia mantiene con diversos países.
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La propuesta oficial, divulgada por la cartera económica, detalla que el arancel del 15% se calcula sobre el valor del producto en el momento de su importación y constituye parte de la base gravable del impuesto al valor agregado (IVA).
Por tanto, cualquier aumento en este tributo no solo incrementaría el costo del arancel, sino que también elevaría el monto del IVA, lo que se traduciría en una carga fiscal final más alta para los licores provenientes del exterior.
Este doble efecto fiscal es uno de los elementos centrales del análisis que realiza el Gobierno.

Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que la medida no generaría ningún tipo de desventajas para la industria nacional, aunque la realidad es que los productos importados ya enfrentan una base de costos más elevada.
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En la socialización de la propuesta se subraya la existencia de mayores costos logísticos, como transporte y seguros internacionales, a lo que se suma el impacto del monopolio rentístico de licores destilados, que exige el pago de derechos de explotación tanto para la producción nacional como para la importación.
Una fuente cercana a la administración explicó a Portafolio que el ajuste no se tramitaría mediante la Ley de Financiamiento que actualmente avanza en el Congreso, sino que se implementaría por decreto.
“El punto es que hoy ya tenemos el 15%, y la idea, lo que aspiran, es aumentar los aranceles”, afirmó la fuente, quien también precisó que la revisión se centraría en la forma en que los tratados comerciales definen el tratamiento de estas mercancías, lo que condiciona la aplicación de la tarifa.
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Un experto tributario consultado señaló que “actualmente no hay diferenciación en la estructura tributaria de licores (nacionales e importados)”.
Según explicó, ambos tipos de productos pagan los mismos tributos internos, como el impuesto al consumo y el IVA del 5%.
La diferencia radica en los costos aduaneros, que siempre dependen de cada acuerdo comercial.
“Todo dependerá del tratado que exista entre ambos países”, puntualizó el especialista.
El analista recordó que muchos países cuentan con tratados de libre comercio que “exoneran de los aranceles (incluidos el licor)”, lo que significa que en la práctica el arancel del 15% no siempre se aplica.
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Cuando el beneficio está vigente, el producto importado ingresa al país sin ese recargo, lo que reduce de manera significativa la brecha con los destilados nacionales.

Por este motivo, un aumento decretado por el Gobierno podría modificar varios esquemas de importación actualmente vigentes.
En este contexto, la discusión no se limita a un ajuste tarifario, sino que abarca su interacción con las reglas del comercio exterior, ya que, de concretarse, el cambio tendría efectos sobre los precios finales al consumidor, la estructura tributaria y el trato comercial entre países.
Con este anuncio, el Gobierno reafirma que una de sus prioridades en la etapa final de la administración de Gustavo Petro es diversificar las fuentes de recaudo. Además de esta iniciativa, avanza la ley de financiamiento y se prepara un proyecto de reactivación económica que contempla alivios y estímulos tributarios.
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