El crecimiento acelerado de las solicitudes de insolvencia de personas naturales ha generado inquietud en el sector financiero y en entidades que supervisan los mecanismos de protección al deudor.
La Ley de Insolvencia, actualizada este año, fue diseñada para ofrecer una salida ordenada a quienes enfrentan dificultades reales para cumplir con sus obligaciones.
Sin embargo, según registró la Revista Semana, el instrumento está siendo aprovechado por grupos que ofrecen soluciones rápidas a través de redes sociales, promoviendo expectativas que no corresponden con lo que la norma permite.
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La ley, que ajustó sus requisitos durante 2025, permite que un ciudadano acuda a este proceso si demuestra incapacidad para cumplir con al menos el 30 % de sus obligaciones, una reducción significativa frente al porcentaje originalmente exigido.
De acuerdo con los datos citados por la publicación, la flexibilización del marco normativo hizo que de enero a octubre de este año se presentaran 15.110 solicitudes, una cifra que podría cerrar alrededor de los 18.000 trámites al finalizar diciembre, un aumento sostenido que no se explica únicamente por un deterioro financiero generalizado.
Detrás del incremento aparecen ofertas masivas en redes como TikTok. Allí, abogados y promotores independientes divulgan mensajes que aseguran que el mecanismo es una vía para “quedar libre de deudas” o incluso para “pasar diciembre sin obligaciones”, asegurando que basta con hacer la solicitud antes de la vacancia judicial.
Estas afirmaciones, según expertos citados por Semana, distorsionan el alcance real de la figura, pues la insolvencia no elimina obligaciones, sino que suspende temporalmente los pagos mientras se negocian acuerdos con los acreedores.
Uno de los riesgos señalados es que estas asesorías fomentan la adquisición de nuevos créditos antes de presentar la solicitud, con el argumento de que el conjunto de obligaciones permitirá demostrar una mayor incapacidad de pago. En varias entidades financieras se ha comprobado que hay personas que acuden al proceso dos o tres meses después de haber recibido desembolsos recientes, sin intención de llegar a acuerdos y buscando directamente la liquidación patrimonial.
El Banco Popular, por ejemplo, ha identificado que entre un 60 % y un 70 % de las solicitudes que recibe presentan indicios de fraude. La entidad reportó que tiene 15 personas denunciadas y que se prepara para adelantar acciones legales contra otras 17.
En estos casos, quienes impulsan a los usuarios a cometer estas maniobras cobran un porcentaje de los créditos recién adquiridos, dejando a los deudores con procesos civiles, patrimoniales y penales que pueden comprometer su futuro financiero.
Además de los problemas legales, el impacto reputacional es considerable. La insolvencia genera reportes en centrales de riesgo como Datacrédito o TransUnion, y los incumplimientos posteriores bloquean el acceso a nuevos créditos formales durante largos periodos. Esto significa que, lejos de “liberar” financieramente a los ciudadanos, los expone a una pérdida de confianza que afecta trámites relacionados con vivienda, educación, emprendimiento o responsabilidades familiares.
La situación también preocupa a los gremios bancarios. En una columna publicada en La República y citada por la Revista Semana, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, advirtió que la flexibilización de la norma, aunque buscaba facilitar acuerdos legítimos, ha sido distorsionada hasta convertirse en un mecanismo que abre espacios para el abuso.
Señaló además que la red de incentivos creada por estos grupos informales ha llevado a que personas en condiciones de vulnerabilidad caigan en prácticas que pueden considerarse delitos.
Los expertos subrayan que la ley es una herramienta válida cuando se usa de buena fe, especialmente para quienes tienen ingresos inestables, enfrentan emergencias o afrontan situaciones sobrevinientes que afectan su liquidez.
No obstante, la proliferación de asesorías que prometen beneficios que la norma no contempla ha creado un escenario en el que ciudadanos pueden exponerse a sanciones severas, incluida la investigación por fraude procesal o falsedad documental.
Agremiaciones financieras, consultores y centros autorizados para adelantar procesos de insolvencia insisten en la necesidad de que los ciudadanos busquen orientación formal, verificada y ajustada a lo que establece la legislación vigente.
El auge de contenidos virales que presentan este mecanismo como un atajo financiero, según concluyen, puede comprometer años de estabilidad económica y llevar a decisiones irreversibles.
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