Consejo Superior Universitario declara vacancia en Rectoría de la UNAL y designa a Andrés Mora como encargado

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional declaró la existencia de vacancia en la rectoría después de una sesión de siete horas realizada este lunes en el campus de Bogotá.

La determinación se fundamentó en las sentencias recientes del Consejo de Estado relacionadas con las designaciones de José Ismael Peña y Leopoldo Múnera, decisiones que llevaron al CSU a concluir que el cargo no cuenta actualmente con titular en funciones.

Al finalizar la deliberación, los consejeros escogieron al vicerrector General, Andrés Felipe Mora Cortés, como rector encargado, designación respaldada por los cinco integrantes que permanecieron en la sala hasta el final de la jornada.

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El encuentro se desarrolló luego de que el ministro de Educación, Daniel Rojas, explicara durante la mañana las razones de la convocatoria. Según dijo ante medios, “hemos hecho una valoración profunda de la sentencia del Consejo de Estado, sentencia que aún no está ejecutoriada.

Y, ante la renuncia del rector Múnera, pues convocamos a este Consejo para que sea materia de discusión”. Con ese punto de partida, los miembros del CSU dedicaron la sesión a revisar la renuncia presentada por Múnera, la solicitud de Peña de asumir el cargo y el alcance jurídico de los fallos emitidos por la alta corte.

Durante la tarde y parte de la noche, los consejeros evaluaron en conjunto las condiciones que rodean la salida de Múnera y la situación derivada de las sentencias, que establecieron la legalidad de la designación inicial de Peña, aunque sin ordenar su retorno a la Rectoría.

En ese marco, el CSU abordó primero la renuncia de Múnera, aceptada por cinco votos y una abstención. Según el registro de votación, Lucía Botero Espinoza, Víctor Manuel Moncayo, Danna Nataly Garzón y Ricardo Moreno avalaron la dimisión, mientras que Diego Torres se abstuvo.

Los consejeros que respaldaron la aceptación argumentaron que el fallo aún no está ejecutoriado y que, mientras dure ese plazo, corresponde dar trámite a la renuncia presentada. Torres, por su parte, indicó que se abstenía debido a que, en su criterio, Múnera no ejercía la rectoría y el rector legítimo era Peña.

La renuncia presentada por Múnera expresaba: “presento ante ustedes mi renuncia a dicho cargo a partir del día 25 de noviembre del año en curso”, y precisaba su intención de retomar funciones como profesor asociado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

La sesión tuvo una pausa prolongada luego de que Torres, representante profesoral, abandonara el recinto. Señaló que no contaba con garantías para continuar debido a los gritos que se escuchaban desde la parte exterior.

Su salida, registrada a las 7:03 de la noche, se produjo en medio de reclamos por presunta intimidación. La Defensoría verificó las condiciones y, aproximadamente una hora después, la sesión se reanudó.

Con la retirada de Torres, los cinco consejeros restantes iniciaron la discusión sobre el cargo de rector. Coincidieron en que la institución se encuentra en vacancia debido a dos circunstancias.

Por un lado, señalaron que el Consejo de Estado declaró la legalidad de la designación de Peña, pero también dejó explícito que esa declaración “no implicaba que tenga como consecuencia su regreso al cargo”, al indicar que definió la legalidad del acto sin reconocimiento de derechos adicionales. Por otro lado, consideraron que la renuncia presentada por Múnera deja sin ocupante la rectoría.

En esa revisión, Moncayo propuso declarar la vacancia y proceder a un encargo temporal. Su planteamiento recibió el apoyo de los otros cuatro consejeros, quienes coincidieron en que la Universidad necesitaba continuidad administrativa mientras el proceso avanza en sus tiempos legales. Por voto unánime de los presentes, fue designado como rector encargado el vicerrector General, Andrés Felipe Mora Cortés.

Durante la sesión también se mencionó la comunicación enviada por Peña, en la que manifestó: “asumo el cargo de Rector de la Universidad Nacional de Colombia”, con base en las sentencias del Consejo de Estado.

La carta fue remitida a la Secretaría General con la solicitud de hacerla llegar al CSU y de tramitar la certificación correspondiente a la representación legal.

Los consejeros concluyeron que, dado el contenido de las decisiones judiciales y la situación administrativa actual, la figura de encargo era la alternativa adecuada mientras se aclara el alcance definitivo de los fallos y se evalúan los pasos a seguir dentro del marco estatutario.