El presidente Gustavo Petro lanzó un reproche directo y severo contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que el mandatario departamental propusiera que el Gobierno de Estados Unidos incluyera en la Lista Clinton a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
La sugerencia apareció tras la difusión de chats atribuidos a alias Calarcá, integrante de las disidencias de las Farc, en el que se sospecha de una presunta alianza política y economía entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central (EMC), por lo que Rendón calificó ese caso como un “entramado criminal” y relacionó a la fiscal con ese señalamiento.
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El gobernador Rendón expresó que los datos divulgados confirman su acusación inicial. Según él, esas pruebas sustentan la idea de un “concierto criminal” que involucra al presidente Petro, a la fiscal Camargo y a un sector de las disidencias.
El presidente reaccionó rápidamente y dirigió su mensaje al gobernador con un tono de rechazo absoluto, pues en su publicación expresó una posición frente a la idea de que un funcionario colombiano puede sugerir que el orden institucional del país depende de decisiones de otra nación.
Petro escribió en su cuenta de X: “Quien le dijo al gobernador de Antioquia que el país se maneja de acuerdo a la voluntad de EEUU. Respete a Colombia. Las disidencias son producto del propio uribismo que no supo respetar la Paz. Deseosos de sangre quieren más. Creen que entre más votos quieren más sangre se debe derramar (sic)”.
Con esa declaración, Petro se defendió al usar a su favor lo que es la autonomía estatal, además, cuestionó los señalamientos del gobernador y negó que las disidencias de las Farc tengan relación con su Gobierno o con su campaña.
De acuerdo con el post, el presidente Petro intentó trasladar la discusión hacia otro punto. En medio del impacto por las revelaciones sobre una posible vinculación con los dineros de las disidencias, el mandatario afirmó que esas organizaciones surgieron por responsabilidad del ‘uribismo’, al señalar a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez como los causantes de la existencia de esa disidencia.
Así, la situación del presidente cambió de manera drástica, debido a que su nombre fue incluido en la Lista Clinton —un registro utilizado por Estados Unidos para sancionar a personas o entidades vinculadas con narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo o violaciones de derechos humanos—, y también se incluyó el nombre de su esposa, Verónica Alcocer.
A estas imputaciones se suman señalamientos por presunto narcotráfico y por la posible entrada de recursos irregulares en la campaña presidencial, hechos sobre los cuales, según se dice, la fiscal habría tenido conocimiento sin tomar medidas.
Esta fue la crítica del gobernador de Antioquia
Andrés Julián Rendón aseguró que la liberación de alias Calarcá y otros integrantes de las disidencias, detenidos tras un operativo en Barbosa y Porcecito Nordeste, obedeció a decisiones políticas del presidente Gustavo Petro y de la fiscal General Luz Adriana Camargo.
Según Rendón, las capturas ordenadas por la Fiscalía de Antioquia fueron dejadas sin efecto, generando un escenario de impunidad que afecta la seguridad del departamento.
Además, Rendón citó la investigación de Noticias Caracol, divulgada en la noche del 23 de noviembre, sobre archivos incautados a “Calarcá”, entre ellos chats, que señalan posibles vínculos entre miembros de las disidencias y funcionarios del Estado, incluido el general del Ejército Juan Miguel Huertas, un integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
El gobernador afirmó: “Queda muy claro que Petro le devolvió en reciprocidad a los criminales de las Farc no solo la inteligencia del Estado, sino la lealtad de un sector de las fuerzas militares”. También denunció que estas decisiones han derivado en persecución en su contra y fortalecimiento de estructuras criminales.
Rendón pidió sanciones contra el director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, y otros funcionarios mencionados, e instó a la Fiscalía a avanzar en investigaciones y a la comunidad universitaria exigir la salida del representante del Ejecutivo en el Consejo Superior.
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