El inicio de una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes marca un nuevo capítulo en la controversia sobre la expedición de pasaportes en Colombia.
La decisión responde a una denuncia penal presentada por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que acusó al mandatario de presunto abuso de función pública en el denominado “caso pasaportes”.
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El auto de la Comisión, firmado por los representantes Carlos Alberto Cuenca Chaux (Cambio Radical), Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Paz es Vida) y Daniel Restrepo Carmona (Partido Conservador), ordena la apertura de la etapa preliminar de investigación, cuyo carácter es “estrictamente verificatorio y preparatorio”.
El documento enfatiza que esta fase no implica una acusación formal ni la violación de derechos fundamentales, sino que busca “establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal”.

Entre las diligencias ordenadas, la Comisión instruye al CTI adscrito a la Cámara a realizar, en un plazo de veinte días, una inspección administrativa en la Procuraduría para ubicar y autenticar el expediente disciplinario del caso de los pasaportes, levantar actas, individualizar piezas procesales, tomar copias y documentar la cadena de custodia.
Esta documentación debe incluir las decisiones de suspensión y revocatoria relacionadas con Alfredo Saade Vergel, así como los fundamentos de cada actuación.

El nombre de Saade aparece como eje de varias pruebas decretadas, ya que figura en expedientes de la Procuraduría y la Fiscalía vinculados al modelo de contratación del servicio de pasaportes, así como en registros audiovisuales y publicaciones que la Comisión busca verificar.
El auto también dispone la autenticación técnica de publicaciones en la cuenta verificada de Saade en la red social X, el registro audiovisual del 29 de julio de 2025 y la entrevista del 20 de agosto en DNews.
A este medio se le solicitará copia íntegra y certificada de la entrevista, mientras que a la Presidencia de la República se le pide indicar si existió alguna directriz o instrucción formal que involucrara a Saade en gestiones sobre el contrato de pasaportes.
La Fiscalía General deberá informar sobre el estado del proceso penal que vincula a Saade con el convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional de Colombia y el Gobierno de Portugal, y remitir copia de las actuaciones relevantes.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional deberán aclarar si existe un convenio o contrato vigente para la expedición de pasaportes con Portugal y remitir copia del documento y sus antecedentes administrativos.
En el escrito inicial y en su ampliación, De la Espriella solicitó verificaciones sobre actuaciones en el denominado “caso pasaportes”, relacionadas con el trámite contractual, intervenciones en la Cancillería, documentos de la Imprenta Nacional, registros de la Procuraduría y publicaciones en redes sociales de Saade sobre el tema. La Comisión determinó que estos elementos habilitan la apertura de una investigación previa con fines estrictamente verificatorios.

El auto de trámite establece que el Grupo de Policía Judicial debe realizar la inspección administrativa en la Procuraduría General de la Nación para identificar los radicados y piezas procesales vinculadas al caso, y documentar la cadena de custodia de dichos documentos.
Además, se ordena autenticar y conservar las publicaciones en la red social X correspondientes a las cuentas verificadas señaladas por De la Espriella, así como los registros audiovisuales mencionados en su denuncia, incluyendo un discurso y una entrevista citados en el documento, dejando constancia técnica de URL, fecha, hora y metadatos.
De manera adicional, se solicita a la Presidencia de la República que informe si existieron actos, directrices o instrucciones formales que involucraran a Saade en gestiones o decisiones relacionadas con el contrato de pasaportes. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional deberán informar sobre la existencia de convenios o contratos vigentes con el Gobierno de Portugal para la expedición de pasaportes.
La apertura de esta investigación ocurre en medio de un debate prolongado sobre la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir la expedición de pasaportes y la continuidad del contrato con la firma privada Thomas Greg & Sons.
Debido a retrasos en la implementación del nuevo sistema de la Imprenta y la necesidad de garantizar la entrega de los documentos, en agosto se firmó una prórroga temporal de contrato con Thomas Greg & Sons hasta abril de 2026.
Esta medida buscaba asegurar que los colombianos pudieran obtener pasaportes sin interrupciones mientras la Imprenta Nacional se prepara para asumir plenamente la producción y distribución del documento en el país y en el exterior.
Finalmente, la Comisión ordena notificar al presidente Gustavo Petro, en su condición de denunciado, sobre la apertura de la investigación previa. También se notificará al denunciante Abelardo de la Espriella y se comunicará al procurador general Gregorio Eljach Pacheco. La Secretaría deberá registrar los materiales digitales recibidos y emitir los oficios una vez el CTI entregue su informe.
Origen de la denuncia

El proceso se originó en las disputas administrativas y disciplinarias vinculadas al convenio para la expedición de pasaportes, en el que intervienen la Cancillería, la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal.
De la Espriella radicó su denuncia el 8 de julio de 2025, señalando que el presidente habría intervenido de manera irregular en la gestión de este convenio.
Posteriormente, el 2 de octubre, amplió su denuncia y aportó un registro audiovisual como respaldo, además de solicitar la práctica de pruebas documentales y verificaciones ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Imprenta Nacional y la Cancillería.
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