La conversación económica para 2026 aún no arranca formalmente, pero en distintas oficinas de análisis ya circula un mensaje que preocupa y es que el próximo año podría mantener a Colombia lidiando con una inflación terca, difícil de encarrilar y muy lejos de la meta del Banco de la República. Mientras el país intenta digerir los datos más recientes, los equipos técnicos empiezan a advertir señales que, si se confirman, complicarían el panorama incluso más de lo previsto.
La alerta más inmediata llegó desde Corficolombiana, luego de revisar el comportamiento de los precios durante los últimos meses. Su equipo de investigaciones advirtió que la inflación volvió a acelerar en octubre por cuarto mes consecutivo. “Estos resultados respaldan nuestra expectativa de que probablemente cierre 2025 en torno al 5,4%, lo que no solo confirma la pausa del proceso desinflacionario, sino también un cambio de tendencia”, señaló la firma en un informe que ya circula entre bancos, consultoras y entidades públicas.
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El documento también insistió en que la presión inflacionaria proviene, sobre todo, de los bienes transables, mientras servicios y alimentos mostraron un respiro que, por ahora, resulta insuficiente.
Esa lectura coincide con la preocupación expresada por el propio Banco de la República, que reconoció que varios riesgos previstos para 2025 terminaron materializándose. La consecuencia es un indicador que no cedió al ritmo esperado y que se mantuvo por encima de las proyecciones oficiales y privadas. Aunque el ciclo desinflacionario no se rompió por completo, la insinuación de un estancamiento empieza a inquietar.
Para 2026, los analistas identifican cuatro puntos críticos que, si toman fuerza, podrían empujar la inflación hacia arriba nuevamente. El primero se relaciona con el aumento del salario mínimo. El Gobierno ya anticipó que la discusión partirá de un ajuste del 11%, un porcentaje que, en términos de indexación, pesa con fuerza en una economía donde buena parte de los contratos y tarifas se ajusta automáticamente con ese valor.
El segundo riesgo proviene del impulso fiscal que seguirá sintiéndose el próximo año. La demanda interna, que muestra una resiliencia inesperada pese a las altas tasas de interés, podría mantener un ritmo que alimente la presión sobre algunos precios. En condiciones normales, esa fortaleza del consumo sería una buena noticia; en un contexto de inflación persistente, se convierte en un factor a vigilar.
El tercer punto crítico está en la estructura misma del IPC. Cerca del 45% de la canasta está indexada a la inflación del año anterior. Esto significa que, si 2025 cierra cerca del 5,4% como prevé Corficolombiana, casi la mitad de los precios arrancará 2026 con un impulso automático que hará más difícil que el indicador complete su retorno al rango meta.
Finalmente, los ajustes en las tarifas de energía y gas podrían presionar aún más el costo de vida. El sector energético arrastra tensiones financieras y regulatorias que no se han resuelto del todo, y cualquier corrección tarifaria tiende a trasladarse rápido al bolsillo de los hogares. Para las regiones más afectadas por los cambios en los recibos públicos, este factor podría ser decisivo.
Aun así, no todo es pesimismo. La reciente apreciación del peso colombiano aparece como un elemento que podría suavizar parte de esas presiones. Una moneda más fuerte abarata la importación de bienes y reduce el impacto de los insumos externos en alimentos procesados y productos básicos. Si la tendencia se mantiene, explican los analistas del informe, el país podría ganar un respiro importante en varios segmentos de la canasta.
El informe de Corficolombiana concluyó con una proyección que, si bien no es alentadora, permite entender mejor el escenario que asoma: “En conjunto, proyectamos que la inflación en Colombia cierre 2026 en 4,9%, completando seis años consecutivos por encima del rango meta”. El dato resume buena parte del desafío, controlar la inflación seguirá siendo una tarea de fondo, compleja, y que exigirá decisiones coordinadas entre política monetaria, gasto público y expectativas privadas.
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